En el 2015, el president de la Generalitat, Ximo Puig, y la entonces consellera de Sanidad, Carmen Montón, rubricaron un decreto ley que posibilitaba que los inmigrantes recibieran atención sanitaria en la Comunitat tuvieran o no la documentación en vigor. Entonces, la Conselleria calculaba que serían alrededor de 3.200 los extranjeros sin regularizar que tendrían acceso a la tarjeta sanitaria en Castellón. En estos momentos son 1.761 las personas en la provincia que se benefician de este decreto ley de sanidad universal. La Comunitat fue avanzadilla; ahora Montón, como ministra, ha ampliado la medida a todo el Estado español.

Según la Conselleria de Sanidad, pese a la aprobación del Real Decreto Ley 7/2018 sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud a nivel estatal, no se espera dar cobertura en la Comunitat a ningún nuevo usuario, pues ya estaban cubiertos por el decreto ley aprobado en el 2015 y una instrucción del mismo año.

Contrariamente a lo que se podría pensar, organizaciones no gubernamentales como Caritas aseguran que no ha aumentado el número de extranjeros sin documentación. «Se mantiene el número, pero la cifra no es demasiado alta», señalan.

No obstante, las oenegés explican los obstáculos con los que se topan estos extranjeros al acudir al mostrador del centro de salud o el hospital. «La principal barrera es la idiomática», explican fuentes de Cruz Roja. Otra dificultad es el desconocimiento o desinformación, a veces del inmigrante, pero también del personal de admisión, o incluso la falta de actualización del programa informático, explican desde Caritas. Trabas a la expedición de la tarjeta sanitaria o que en algún sitio aún se facture la atención en Urgencias son algunas de las incidencias con las que se encuentran. Y, cuando hay problemas, a veces el inmigrante, por miedo, prefiere darse la vuelta y marcharse en vez de insistir.

Por ello, tanto Cruz Roja como Caritas realizan una labor de acompañamiento a los foráneos, informándoles de sus derechos en materia de salud y educación y cómo los pueden ejercer.

Además, las entidades sociales han asumido en Castellón el pago de gastos de farmacia, óptica y ortopedia durante el 2017 por un montante de 35.622 euros. Solo Caritas a través de los equipos parroquiales, destinó 14.743 euros a ayudar a personas vulnerables que no podían pagar las medicinas o vacunas recomendadas pero no obligatorias, el desplazamiento para recibir un tratamiento médico o una prótesis. De todas formas, señalan que la cifra ha bajado en el 2018 porque Sanidad ha ampliado las ayudas para hacer frente al copago farmacéutico y ortoprotésico.