Que los simpapeles tengan acceso al médico de familia y no solo a las urgencias podría hacer aflorar hasta 10.000 inmigrantes en situación irregular en la provincia de Castellón.
Cuando en el 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy les retiró la tarjeta sanitaria, desapareció uno de los alicientes que estos tenían para inscribirse en el padrón municipal de habitantes. Y con ello se esfumó una de las principales herramientas para calcular la cifra de irregulares: la resta entre los empadronados y los titulares de una tarjeta de residencia, una autorización o un permiso de estudios. De ahí se desprende que en el 2012 había 14.497 simpapeles en la provincia, que bajaron a 9.512 en el 2013. En el 2014 la bolsa de irregulares desapareció de Castellón. ¿Qué ha sucedido? O bien se han marchado o no han renovado su empadronamiento y, por tanto, se les ha dado de baja o directamente ya no se inscriben por no verlo útil.
No obstante, falta por ver en qué condiciones tienen acceso a esa atención sanitaria y qué documentos se les va a exigir, aunque el Gobierno ya ha avanzado que no les dará tarjeta sanitaria.
CONSELLERIA // El conseller de Sanidad, Manuel Llombart, ha asegurado que, aunque el Ministerio aún no les ha remitido el documento que concreta la actuación de las autonomías en la atención sanitaria a los inmigrantes, entiende que debe ir “en la línea” marcada por la Generalitat desde agosto del 2013. En esa fecha, el Consell puso en marcha el programa valenciano de protección a la salud, una iniciativa que daba cobertura a inmigrantes sin derecho a prestación sanitaria para prevenir y tratar enfermedades de declaración obligatoria, infecto-contagiosa o de salud mental, de la que se han beneficiado unos 300 en la provincia.
Por su parte, los colegios de médicos de Castellón y de enfermería aplauden el cambio de postura del Gobierno. “La medida me parece correcta, porque todo paciente tiene derecho a ser atendido en caso de enfermedad y por una cuestión de salud pública”, explica Francisco Javier Pareja, presidente del colegio de enfermería, que pide un estudio de la demanda y de las necesidades asistenciales de los centros de salud, por el desvío que supondrá de pacientes que hasta ahora iban a las urgencias.
Mientras, desde el observatorio de la inmigración Ceimigra, financiado por la Generalitat, consideran que “la medida es razonable, aunque no lo ideal; ojalá llegue el día en que se pueda restablecer la sanidad universal”. Aseguran que no es legítimo desproteger a los más vulnerables y privarles de derechos, y que “se ha reconocido que si no se da atención primaria se genera un problema de salud pública que a la larga puede costar más”, como por ejemplo la transmisión de una enfermedad contagiosa. Además, indican desde el Ceimigra, “se ha hablado de que los servicios de urgencia están colapsados y usando para fines que no son los apropiados”, detallan. H
