Un total de 13 localidades de la provincia se ha unido a la ciudad de Castellón y ha mostrado su disposición a colaborar con la Generalitat en la acogida de las más de 600 personas a bordo del barco Aquarius. Así, los ayuntamientos de Vila-real, Vall d’Uixó, Burriana, Almassora, Vinaròs, Benicarló, Almenara, Xilxes, Atzeneta, Vilafranca, Morella, Forcall y Fuente la Reina --muchas de ellas localidades que ostentan el calificativo de ciudades acogedoras-- pusieron ayer sus recursos a disposición de los gobiernos autonómicos y central para ayudar en cualquier materia, sumándose así a la iniciativa en este sentido anunciada el lunes desde la capital de la provincia.
Su alcaldesa, Amparo Marco, elevó su felicitación «al presidente del Gobierno y al presidente de la Generalitat por buscar una solución inmediata a un problema humanitario», indicó. Marco aprovechó su comparecencia para tirar una chinita al PP: «Tenemos un problema en Castellón porque no hay albergue municipal. En 24 años del anterior gobierno se miró hacia otro lado».
Precisamente desde las filas populares, su portavoz, Begoña Carrasco, definió la iniciativa del equipo de gobierno local como «un acto de solidaridad y dignidad al que nadie se puede oponer». «Pedimos que no se quede en anuncios y palabras», puntualizó. Desde Castelló en Moviment, la concejala Paz Beltrán exigió al bipartito «que se dé prisa para habilitar espacios de acogida».
CIUDAD ACOGEDORA
El Ayuntamiento de Vila-real, a través del concejal de Cooperación e Integración, Álvaro Escorihuela, se puso ayer en contacto con Cruz Roja y la Generalitat para poner a disposición de las autoridades las instalaciones y recursos del municipio, declarado Ciudad Acogedora. «Vila-real siempre ha sido solidaria. Hace unos meses dimos refugio a una treintena de personas que tuvieron que huir de sus países para sobrevivir».
La Vall d’Uixó justificó el ofrecimiento a través del concejal de Servicios Sociales, Antoni Llorente, por «razones de solidaridad y compromiso con los derechos humanos», y porque «ni como políticos ni como ciudadanos podemos dar la espalda a personas que sufren conflictos bélicos». Desde Vinaròs su alcalde, Enric Pla, denunció que «la reacción del gobierno de Italia es incompatible con el Estado de Derecho». «Las administraciones tenemos que hacer un esfuerzo para cooperar y enviar un mensaje unívoco de solidaridad», declaró.
