Maestros, profesores de academia, monitores de actividades extraescolares, conductores de autobús, entrenadores de equipos infantiles o incluso sacerdotes están obligados por ley a acreditar que no cuentan con antecedentes penales por abuso sexual. Y lo están desde hace casi un año. El 1 de marzo del 2016 entró en vigor la modificación de la ley de protección de la infancia y la adolescencia (una medida que se aprobó en julio del 2015) y que desde entonces obliga a todos los profesionales que trabajen en contacto con menores a aportar a la empresa o institución que los contrate un certificado negativo del Registro Central de Delincuentes Sexuales. Es lo que se conoce como el certificado antipederastia, un documento que ya tienen más de 8.000 profesionales en la provincia.

Desde el 1 de marzo hasta el 31 de diciembre del 2016, el Ministerio de Justicia ha emitido en España casi dos millones de certificados, y el porcentaje de positivos ha sido del 0,03%. Es decir, apenas 600 correspondían a personas con antecedentes penales por delitos de naturaleza sexual y no podrán trabajar con niños hasta 30 años después del cumplimiento de la pena.

De esos 1.985.551 documentos, algo más de 121.000 se han realizado a través de la gerencia territorial de la Comunitat. Además, 73.091 se han tramitado a través de la plataforma de intermediación de datos y los 47.381 restantes se han hecho de forma presencial, según las estadísticas del Ministerio de Justicia.

En Castellón, la obligatoriedad de presentar el certificado también ha calado entre los profesionales que trabajan diariamente con menores de edad. De hecho, durante el año pasado, 4.082 docentes, monitores o entrenadores tramitaron su solicitud en la Subdelegación del Gobierno, según datos facilitados a Mediterráneo por la Delegación del Gobierno en la Comunitat valenciana.

VARIAS POSIBILIDADES // En la cifra de los casi 4.100 profesionales que ya cuentan con el certificado antipederastia porque lo han solicitado a través de la Subdelegación no están todos los que son. Se trata solo de una parte. Algo más de la mitad han solicitado el documento vía internet, con lo que la cifra total supera los 8.000. «Saber la cifra exacta es imposible, ya que hay diversas fórmulas para solicitar el documento, como de forma electrónica o vía telefónica, y no siempre queda registrado el origen geográfico del demandante», explican fuentes del Ministerio de Justicia.

Aunque no hay datos por provincias, a nivel nacional el sector académico es el que más solicitudes mueve. No obstante, la obligatoriedad del certificado también afecta a conductores de autobuses, monitores de comedor e incluso al personal de administración y conserjes. Igualmente han tenido que presentarlo los estudiantes de la carrera de Magisterio que en las últimas semanas han empezado a hacer prácticas en los colegios.