Los bancos responden pero lo hacen a cuentagotas. Tres meses después de que el Gobierno aprobara un sistema extrajudicial con el que los afectados por las cláusulas suelo abusivas podrían cobrar en efectivo todo lo que pagaron de más, y de forma gratuita, el resultado es más bien pobre, al menos en Castellón. Aunque hay alguna excepción, abogados y asociaciones como Adicae aseguran que la mayoría de las entidades financieras están escurriendo el bulto y prevén, a partir del próximo mes de junio, una avalancha de demandas, que vendría a colapsar todavía más los juzgados de Castellón. Solo en la provincia Adicae cifra el número de afectados en más de 50.000. El Consell, en cambio, los rebaja a 10.000.

Pese a que la mayoría de las entidades financieras defienden que el proceso avanza y que están devolviendo el dinero, quienes defienden a los afectados ven las cosas de manera radicalmente distinta. Ramiro Navarro, abogado y responsable de Séneor Abogados-Economistas de Castellón, asegura que «muchos afectados todavía siguen esperando una solución, dado que aún hay bancos que no han dado respuesta a las reclamaciones y, lo que es más grave, siguen aplicando estas cláusulas abusivas».

Lorena García, secretaria general de Adicae en la Comunitat valenciana, coincide en el diagnóstico. «El proceso no funciona bien y la banca está poniendo muchas trabas a los afectados», denuncia. Entre las irregularidades detectadas por Adicae figuran los ingresos parciales en cuenta y sin negociación previa, la denegación sistemática de la reclamación sin especificar el motivo del rechazo o la no eliminación de la cláusula suelo de la hipoteca.

Visto el panorama, abogados y afectados dan por hecho que a partir del próximo mes de junio, cuando acabe el plazo de las reclamaciones, los juzgados recibirán decenas de demandas. «Todo apunta a que a partir de junio se producirá una avalancha de demandas judiciales interpuestas por consumidores contra las entidades bancarias y que, en la gran mayoría de casos, tendrán que devolver las cantidades cobradas indebidamente más intereses y costas», apunta Navarro.

Para hacer frente a este previsible incremento de demandas, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya ha diseñado un plan. Se trata de especializar al menos un juzgado por capital de provincia, al que se asignaría, por cada 800 reclamaciones incoadas, un magistrado más.