Los delitos contra las mujeres suman una nueva víctima cada día en Castellón. Así lo reflejan los últimos datos del Ministerio del Interior, que evidencian que en los últimos seis meses un total de 229 mujeres han entrado a formar parte del sistema de seguimiento integral VioGén, que ya cuenta con casi 7.000 féminas en la provincia. Además, 264 recibieron asistencia en los centros 24 horas por violencia machista durante el primer semestre del 2018, no siendo todas ellas nuevas víctimas de delitos de género y pudiendo ser atendidas afectadas por casos anteriores.

En la actualidad hay una mujer catalogada con riesgo alto en la provincia, 96 con riesgo medio, 395 con apreciación baja y otras 372 que, a juicio de los evaluadores, no presentan peligro.

Todas ellas hacen un total de 864 casos activos en Castellón, tal y como reflejan las estadísticas del Ministerio del Interior.

Aunque la mayoría de los delitos denunciados son malos tratos --físicos y psicológicos-- y amenazas, también las agresiones y abusos sexuales son un tipo de violencia hacia las mujeres. Unos supuestos con los que, después de la sentencia de la Manada, se ha reabierto el debate sobre qué debe considerarse violación y qué no.

En la provincia los delitos contra la libertad sexual descendieron un 8% en el primer trimestre del 2018 respecto al mismo periodo del 2017, quedando a cero la lista de agresiones sexuales con penetración, frente a los siete casos registrados el año pasado.

UN CÓDIGO PENAL DE 1995 / El Código Penal, que data de 1995, establece que existe agresión sexual si hay violencia hacia la víctima y oposición explícita. Una norma con la que numerosos expertos no están de acuerdo, además de las miles de personas que se lanzaron a las calles al conocer que los miembros de la Manada eran considerados autores de un delito de abuso y no de agresión al haber adoptado la afectada una actitud pasiva, aunque sometida a los agresores en Pamplona.

«Las acusaciones no han probado el empleo de un medio físico para doblegar la voluntad de la denunciante», reza el mediático y polémico documento judicial, en el que el juez Ricardo González, que abogaba por la absolución, emitió un voto particular.

El martes, el Gobierno anunciaba el camino de la reforma en la tipificación penal: que toda relación sexual que no cuente con el consentimiento explícito de la mujer sea considerada violación.Una medida que todavía no ha detallado el Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero que ya ha despertado algunas reticencias por su complicada valoración y la dificultad de probar dichas manifestaciones en un tipo de delito que suele producirse, en la mayoría de las ocasiones, en la intimidad y en ausencia de testigos.

«El planteamiento realizado por el Gobierno todavía no lo conocemos de forma pormenorizada, pero quita competencias a los juristas y eso es peligroso», incide la decana de los procuradores de Castellón, Carmen Rubio, quien explica que «puede resultar muy difícil demostrar que una persona ha dicho sí o no».

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, solo precisó el martes que el Ejecutivo buscará «blindar» la ley de forma que no haya «riesgos interpretativos», algo que, según los expertos, es casi imposible conseguir. Más información en la página 45.