El nuevo copago que afecta desde este mes a más de 1.500 discapacitados de la provincia de Castellón está forzando a las familias de muchos usuarios de residencias, centros de día, centros ocupacionales y viviendas tuteladas a presentar recursos administrativos para evitarlo, ya que, en algunos casos, las cantidades a abonar son desorbitadas y pueden alcanzar hasta el 90% de la renta de un discapacitado.
Unas facturas que en algunos casos superan los 1.800 euros y que son inasumibles para muchas familias, que empiezan a darse de baja al no poder hacer frente a tan elevada tasa. Y es que al copago que ha entrado en vigor con el nuevo año, se suman otros gastos extra para este colectivo como el de los medicamentos, vigente desde el pasado 2012.
ASOCIACIONES // Es el caso de los usuarios del centro ocupacional de la Fundación Síndrome de Down, que empiezan a borrarse. Así lo certifica su gerente, Mar Tirado, explicando que “todas las familias que tienen que pagar están recurriendo”. “Hay quien tiene que abonar hasta 200 euros, y a estos habrá que sumar la tasa de 80 euros que ya cobraba el centro, el doble que antes de que recortaran las subvenciones. Son cantidades desorbitadas”, insiste.
En la misma línea se pronuncia el gerente de Afanías, Francisco Gil, asegurando que los 140 usuarios con los que trabajan “están viviendo una situación de incertidumbre, porque hay muchos que todavía no saben cuánto tienen que aportar”. “Estamos a la espera de recibir todas las resoluciones, y los que las tienen están presentando recursos”.
Además, desde el Comité de entidades representantes de personas con discapacidad de la Comunitat Valenciana (Cermi), su portavoz en Castellón, Carlos Laguna, explica que han remitido a los partidos de todos los ayuntamientos una moción para derogar el decreto. Además, reconoce que “aunque no tenemos una cifra, ya sabemos que muchos usuarios se darán de baja”. H
