La Conselleria de Justicia y el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados acordaron ayer la puesta en marcha de un servicio gratuito de asesoramiento legal para los afectados por las cláusulas suelo hipotecarias, que, según las estimaciones de la Generalitat, pueden ser unas 500.000 personas en las tres provincias.
El servicio se canalizará a través de las oficinas de orientación jurídica de los entes en Castellón, Valencia y Alicante, con cuyos representantes se reunieron ayer la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, para cerrar el acuerdo que permitirá esta nueva prestación, incluida en el catálogo de justicia gratuita de la Generalitat.
Los interesados tendrán a su disposición tanto la información necesaria sobre qué hacer si sabe o sospecha que su hipoteca tiene algún tipo de clausula-suelo declarada ilegal por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así como un formulario-tipo para que el damnificado pueda cumplimentarlo con la asistencia jurídica apropiada y presentar la reclamación ante la entidad financiera para iniciar el proceso.
Según Bravo, «el acuerdo se encamina hacia una justicia para todos y, además, da respuesta rápida y eficaz para solucionar un problema que afecta a miles de valencianos». El Consell asumirá tanto el coste del servicio de los profesionales de la abogacía, como el coste derivado de la formación específica que recibirán los abogados de cada colegio».
