Los plazos se van cumpliendo. La sección primera de la Audiencia de Castellón ha citado el próximo 3 de septiembre a Carlos Fabra, pero el expresidente de la Diputación de Castellón no va a entrar en prisión, al menos, a corto y medio plazo tras la condena firme a 4 años. Y no lo va a hacer porque antes tiene previsto solicitar al tribunal la suspensión temporal de la ejecución de la sentencia hasta que el Consejo de Ministros se pronuncie sobre el indulto.

Tal y como publicó ayer Mediterráneo, la Audiencia de Castellón siempre suele conceder la suspensión temporal de la sentencia mientras el Gobierno estudia una petición de indulto. Solo hay dos excepciones, en el caso de delitos de sangre o contra la libertad sexual. Y ninguno de los dos es el caso de Carlos Fabra, condenado a cuatro años de prisión por cuatro delitos fiscales.

En un auto fechado ayer, los magistrados de la Audiencia llaman para las 10.00 horas del 3 de septiembre al exmandatario del PP de Castellón para que haga efectivo el pago de la multa y la indemnización, fijadas en algo más de 1,3 millones de euros.

La Audiencia cita para el mismo día a la mujer de Fabra, María de los Desamparados Fernández, para que pague la multa (en su caso, 273.761,39 euros), quedando pendiente el pago relativo a la indemnización para el momento de la ejecución de sentencia. La mujer de Fabra está condenada a un año de prisión, ya que el Tribunal Supremo aceptó parcialmente su recurso de casación y acordó rebajarle un año la pena.

Una vez solicitada la suspensión temporal de la sentencia, la última palabra la tendrá el Gobierno, que podría tardar entre seis meses y un año en pronunciarse. Si finalmente el Consejo de Ministros rechaza el indulto (lo hace en más del 97% de los casos), Carlos Fabra habrá agotado una de las tres opciones que tiene para evitar la cárcel. Aún le quedarán otras dos: la interposición de un recurso de amparo al Constitucional y solicitar la sustitución de la pena de cárcel por trabajos sociales. H