La Generalitat valenciana, a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), avanza en su colaboración con la Diputación de Castellón para recuperar las plantas de purines de la provincia que permanecen cerradas, cuatro de las cinco existentes --Vall d’Alba, la Salzadella, Albocàsser y Sant Mateu-- para el tratamiento de lodos mediante un proceso de compostaje.
La Conselleria de Agricultura y Medio Ambiente, de la que depende la EPSAR, confirma el acuerdo para «empezar a trabajar» en la cooperación en ese sentido, así como aseguran que la Entidad Pública de Saneamiento «trabaja junto con la Diputación en este tema para poder presentar una propuesta lo antes posible al consejo» del organismo.
Según las mismas fuentes, la producción de lodos de la provincia de Castellón, que podrían tratarse al menos en parte en las mencionadas instalaciones, asciende a 43.275 toneladas al año, de un total de 367.532 del conjunto de la Comunitat.
COMENZAR POR VALL D'ALBA
Al respecto, el diputado provincial de Sostenibilidad, Mario García, explica que la Diputación ha hecho llegar a la EPSAR un borrador de convenio en el que se contempla el uso de la planta de
Vall d’Alba --la de mayor dimensión y mejor adaptada para el nuevo fin-- para el tratamiento de lodos de depuradora, así como de purines y restos de poda. En todo caso y dado el deterioro por los años de cierre de las instalaciones, la institución provincial tendría que realizar una inversión, aún sin cuantificar, para su actualización y adecuación.
García concreta que el objetivo es el de incluir en el acuerdo con la entidad de la Generalitat la planta de la Todolella --que sí funciona--. En caso contrario, ya hay conversaciones con la Unió de Llauradors i Ramaders para buscar otras vías. Una opción sería la gestión a través de una cooperativa, que podría incluir la cesión de terrenos de Diputación.
Las cinco plantas de tratamiento de purines han generado a lo largo de los años una intensa polémica y han sido incluso motivo de peticiones de crear una comisión de investigación que cuestionaba el uso de los recursos públicos. La Diputación de Castellón construyó con fondos europeos entre 1999 y 2000 las cinco plantas, cuando Carlos Fabra era el presidente de la institución. La inversión alcanzó 11,5 millones de euros de dinero público, a los que se sumó 7,6 de la aportación de la empresa adjudicataria.
En la actualidad, solo está en funcionamiento la mencionada instalación de la Todolella. En estos momentos, además, está en proceso y a falta de trámites administrativos, la reversión de la propiedad de las plantas a la Diputación de Castellón, lo que supondrá una nueva inversión económica de la institución.
