Ayuntamiento y asociaciones vecinales hicieron ayer un paréntesis en la guerra que les enfrenta a cuenta de la localización de sus sedes y, sobre todo, de las acusaciones del equipo de gobierno de fraude en la concesión de subvenciones. El objetivo era, además de relajar posturas tras el enfrentamiento vivido durante la constitución del Consejo de Participación Ciudadana, determinar qué inmueble puede ejercer la función de contenedor asociativo, con el edificio Urban como elección más probable.
Así se lo transmitió en la mañana de ayer la alcaldesa, Amparo Marco, a los representantes de dos de las cuatro federaciones vecinales, Vicky Amores y Amalio Palacios. Una propuesta que se recogió con agrado, pese a que puede ser insuficiente, ya que la situación de este recinto, en la Cuadra la Salera --a las afueras de la ciudad-- hace que “seguramente, haga falta otro edificio”, indicó Amores. De la misma opinión es Francisco Cabañero, presidente de Coasveca, quien cree que “trasladar hasta allí a los vecinos de San Agustín, por ejemplo, no tiene mucho sentido”.
En cuanto a la polémica por la ausencia de facturas que justifiquen las acusaciones de fraude que lanzó Enric Nomdedéu, este señaló ayer que “la semana que viene se solucionará el tema”.
Para ello, el equipo de gobierno convocará un grupo de trabajo, con los grupos municipales y las federaciones, para analizar el procedimiento que se había llevado hasta ahora para conceder las subvenciones, en el que se esclarecerá si en el proceso de concesión de subvenciones se pudo cometer alguna disfunción. “Queremos que la nueva legalidad no deje a nadie en la incertidumbre”, comentó el vicealcalde. H
