La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ha anunciado en Les Corts un preacuerdo para la creación del quinto juzgado de lo Penal para Castellón en el 2016, pero el Gobierno central lo desmiente.
La Conselleria aseguró ayer que el lunes, en una reunión preliminar con responsables del Consejo General del Poder Judicial y del Ministerio de Justicia, se cerró ya un preacuerdo para poner en marcha 10 nuevos órganos judiciales en la Comunitat, entre ellos, el Penal nº5 de Castellón.
Sin embargo, desde el propio Ministerio desmintieron que se hubiera alcanzado dicho preacuerdo y afirmaron que se trató de un encuentro en el que la Generalitat aprovechó para trasladar de manera informal la que será su propuesta de creación de órganos cara al próximo año y que el Gobierno regional transmitirá de manera formal al Ministerio en próximas fechas.
La consellera Bravo se ha marcado la hoja de ruta que contempla que cinco juzgados estén en funcionamiento durante el primer semestre del año 2016 y otros cinco a lo largo del segundo. En un comunicado, informó de que priorizarán aquellos juzgados para los que exista disponibilidad previa de espacios en los edificios judiciales, para lo que están ultimando un estudio.
No obstante, matizaron que la creación todavía debe ser aprobada por el Ministerio de Justicia. En ese sentido, explicaron que una vez el Consell apruebe la solicitud, se remitirá al Ministerio para que la autorice y Justicia tendrá que pedir autorización a Hacienda para dotarlo con presupuestos. Por su parte, fuentes del Ministerio no confirmaron ni desmintieron si se crearán o no.
La consellera Gabriela Bravo ha manifestado que uno de sus compromisos en esta legislatura es rebajar la inasumible carga de trabajo que recae sobre los juzgados y tribunales de la Comunitat con el impulso a la creación de nuevos órganos judiciales. El proyecto de ley de presupuestos que tramita Les Corts incluye la dotación de los recursos económicos necesarios para implantarlos. Indicó que es el primer paso para recuperar los 15 juzgados creados por el Ministerio de Justicia en el 2010 y que el anterior Consell paralizó en 2011 por falta de disponibilidad presupuestaria. H
