La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, avisó ayer que “lo responsable” por parte del Gobierno central sería evitar que la Generalitat Valenciana se vea obligada a acudir a los tribunales para “defender los intereses de los valencianos y financiar sus servicios públicos”, pero el Consell estudia esta vía de reclamación por “si no hay otra opción”.
Al respecto, recordó que las Consellerias de Justicia y de Hacienda están estudiando conjuntamente la elaboración de la denuncia. Para ello, han creado una comisión de trabajo a find e argumentar mejor el informe solicitado por el president de la Generalitat, Ximo Puig, sobre las vías de reclamación judicial contra la “infrafinanciación” que padece la Comunitat.
Durante este mes, responsables de Justicia ya han evaluado primeramente el caso, y ahora trabajarán codo con codo con el departamento de Hacienda, dirigido por su titular, Vicent Soler, para conjugar criterios jurídicos con los argumentos económicos y completar el documento solicitado por el jefe del Consell.
Así, estaba previsto que el informe estuviera concluido a finales de esta semana o principios de la siguiente, aunque ahora, con la creación de esta comisión, se retrasará “unos días”, según las mismas fuentes. El citado documento contendrá argumentos y criterios jurídicos y económicos.
Esta iniciativa se suma al informe que cuantifica el déficit de financiación de la Comunitat entre 2002 y 2013, en un total de 12.433 millones de euros, y que se ha remitido al Gobierno para su debate en septiembre en el grupo del Consejo de Política Fiscal y Financiera estatal. H
