La Agència Valenciana del Turisme (AVT) sacará a concurso la contratación del personal que imparte los cursos del Centro de Turismo (CdT) una vez que la Abogacía de la Generalitat dé su visto bueno a los pliegos. Con ello, la institución pretende poner fin a unas irregularidades que la auditoría a la AVT detectó.
Esta advertía de una serie de contrataciones de forma anómala (a través de contratos menores) del personal que impartía la docencia, aunque, según fuentes de Turismo, se trata de una herencia de la etapa del anterior gobierno de la Generalitat, del Partido Popular, que tuvo ocasión de solventar y pese a ello no lo hizo.
Señalan las mismas fuentes que a pesar de sus intentos de variar la situación, hasta la fecha no habían podido hacerlo debido a que la plantilla de la AVT había sufrido un expediente de regulación de empleo (ERE) hecha por el anterior ejecutivo popular. Además, tampoco era posible por el límite establecido por el anterior Gobierno de España que impide a la administración la contratación pública de más personal para no aumentar el gasto.
Desde la AVT explican que se han redactado los pliegos para sacar a licitación pública las necesidades de docentes en los Centros de Turismo y que se está pendiente de que la Abogacía de la Generalitat emita un informe favorable, algo que esperan que pueda ya activarse cara a la convocatoria del ejercicio del 2019.
Asimismo, esperan contar con la colaboración de universidades a través de convenios para que alguno de estos cursos se impartan junto a las instituciones de educación superior, lo que prestigiaría esta formación al darle una titulación universitaria y además permitiría contar con su profesorado. Algo que confían que pueda ponerse en marcha en el último trimestre del 2018.
Señalan las mismas fuentes que el sacar a concurso por lotes el fichaje de docentes del CdT supone el riesgo de tener que renunciar a la profesionalidad de personas que llevan muchos años impartiéndolos con acreditada y reconocida solvencia.
El informe del auditor hace referencia a que la utilización de contratos administrativos para encubrir relaciones laborales es un fraude al derecho de acceso de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad. Los contratos no superaban los 15.000 euros, según Turismo.
