La Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Fomento han alcanzado un acuerdo para reducir la accidentalidad de la N-340 a su paso por les Terres de l’Ebre, Camp de Tarragona y el Penedés, con lo que los vehículos pesados tendrán que dejar de transitar por esta vía y circular por la autopista de peaje AP-7, para lo que contarán con bonificaciones de entre 42 al 50% y que será del 100% en los desplazamientos internos de los vecinos de estas comarcas. Los beneficios de esta medida alcanzarán a todos los vehículos de gran tonelaje que discurran entre Peñíscola y l’Hospitalet de l’Infant.

Este acuerdo se da solo para diferentes tramos catalanes de una N-340 que también discurre de norte a sur por la provincia de Castellón y para la que actualmente, salvo en lo que concierne a partir de Peñíscola, no hay previsto ningún tipo de bonificaciones, aunque sí se contemplan desvíos obligatorios a otras vías con el propósito de reducir el tránsito de vehículos pesados, como sucede en los tramos entre Nules, Orpesa y Torreblanca, con desviaciones a través de la CV-10 y CV-13 o la propia AP-7.

ALTA PELIGROSIDAD

Las bonificaciones quedarán de este modo en la parte catalana y no llegarán a los principales tramos castellonenses de una carretera en la que el informe EuroRAP correspondiente al pasado año situaba como una de las arterias con los enclaves más peligrosos de la Red de Carreteras del Estado. Estos últimos datos situaban a la

N-340 a su paso por la provincia de Castellón a la cabeza en siniestralidad y cuyo índice de riesgo había aumentado del 49 al 53% en apenas un año, además de absorber diariamente una intensidad media de tráfico que ronda hasta los 15.250 vehículos.

Los responsables de los departamentos de Territori e Interior del Govern catalán informaron este pasado lunes a los alcaldes de estas comarcas de los acuerdos alcanzados con Fomento y del anuncio hecho hace una semana por el propio ministro Íñigo de la Serna, lo que fue recibido con gran satisfacción por los representantes municipales catalanes. El acuerdo, que se espera pueda entrar en vigor a finales de este año o inicios de 2018, afectará a los vehículos pesados que viajen entre Peñíscola y l’Hospitalet de l’Infant, entre otros tramos. Para las autoridades catalanas, se trata de una solución transitoria porque su reivindicación es, por un lado, la de constituir la futura viñeta en las autopistas al modo austríaco, que consiste en pagar una tarifa plana anual para poder tener acceso ilimitado a toda la red viaria, con lo que el conductor tendría todas las barreras levantadas a su paso.

De otra parte, las autoridades catalanas han expresado nuevamente su reclamación y ejercido presión ante el Gobierno central para que se complete el eje viario que supondría completar la autovía A-7, como prolongación de la CV-10 castellonense y que tendría carácter gratuito y universal y serviría de conexión entre las comarcas de las dos provincias vecinas, además de suponer un alivio para los bolsillos que los ciudadanos de estos territorios limítrofes. De momento, la Generalitat valenciana se aferra a su reclamación de liberalizar completamente la actual AP-7, que acaba el plazo del contrato de adjudicación en el 2019.