La Audiencia Nacional (AN) considera probada la financiación ilegal del PPCV de Francisco Camps en una sentencia, conocida ayer, que condena al exsecretario general del partido, el castellonense Ricardo Costa, a cuatro años de cárcel por su vinculación con la trama Gürtel para este fin, al haberse ceñido a la petición rebajada de Fiscalía por confesar. Mientras, el exvicepresidente del Consell y también castellonense, Vicente Rambla, que siempre negó su implicación, sale absuelto por falta de pruebas, aunque el magistrado entiende que «pudo haber cometido los delitos», pero hay también una probabilidad «razonable» de que no.

Sobre Rambla, para quien la fiscal pedía más pena incluso que para Costa, seis años y tres meses, el auto considera que «por sus condicionantes políticas y profesionales (inspector financiero de profesión) debería haber apreciado que los gastos eran excesivos», por lo que cree que incurrió en lo que denomina «ignorancia deliberada» o «ceguera voluntaria».

El magistrado añade que al no haber «prueba directa, ni indiciaria de calidad y cantidad bastante» no cabe más que la absolución, explica la sentencia. El juez central de lo Penal de la AN, José María Vázquez Honrubia, contempla la atenuante de confesión para Costa (que justificaría la aceptación de la rebaja sobre lo inicialmente solicitado por la fiscal), así como para tres cabecillas de la red, Francisco Correa, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez el Bigotes, que suman penas de entre cinco y casi siete años de prisión.

MULTAS PAGADAS

Mientras, la decena de empresarios que confesaron los pagos en B al PP valenciano a través de la empresa instrumental de la trama, Orange Market, esquivan la cárcel, como estaba previsto, y Honrubia conmuta las penas de prisión, de entre 15 y 21 meses, por multas que ya satisfechas y superan el millón de euros. La sentencia considera acreditada la financiación irregular de las campañas electorales del 2007 y el 2008 del PP valenciano, cuando lo presidía Francisco Camps. El juez expone que el PPCV financió parte de las mismas organizadas por la Gürtel, con dinero en B y facturas falsas pagadas por empresarios, por más de dos millones de euros, para lo que contrató a Orange Market, firma que recurrió a empresarios. «Quienes abonaron a Orange Market parte de esos servicios eran grupos empresariales que por tener contrato con las administraciones públicas no podían hacer donaciones al PP», manifiesta el juez.

Y añade el magistrado que por ese motivo, «los pagos que hicieron a Orange Market, se materializaron como supuestos servicios que había prestado a aquellas, pero que realmente no se habían producido». La sentencia cifra en 175.000 € la única cuantía declarada por la organización de actos, si bien el juez señala que «fue muy superior el servicio que encargó y recibió» de la empresa. En concreto, 1,15 millones fueron a los actos para las autonómicas del 2007, 78.878 euros para las municipales y 801.810 euros para las autonómicas del 2008.

SIN JUEGO LIMPIO

Todo ello atenta, según Honrubia, contra «tratar de mantener la pureza de los procesos electorales», esto es, «el juego limpio electoral».

Como lo es «preservar la neutralidad y objetividad» de la administración local y autonómica frente a supuestos como en este caso en que la misma «se ve seriamente cuestionada cuando los financiadores de la campaña electoral son adjudicatarios y/o concesionarios de obras, servicios o suministros contratados por la administración cuyos representantes políticos han sido elegidos apoyándose en una campaña financiada ilegalmente».