Si el año pasado se legalizaron de media más de seis viviendas turísticas al día en Castellón, este año esta marca se va a quedar muy corta. Y es que si durante todo el 2017 se inscribieron en el Registro Oficial de la Comunitat Valenciana un total de 2.403 inmuebles para poder ofrecer alojamiento de forma legal, del 1 de enero al 31 de agosto de este año esta cifra ascendía ya a 2.690, según los datos de Turisme Comunitat Valenciana.
Esto supone sacar de la clandestinidad a un buen número de viviendas y a sus propietarios, que se incorporan a la oferta turística reglada de la provincia, como han solicitado con insistencia durante los últimos años tanto los empresarios como la patronal. Se trata de una iniciativa liderada por el departamento autonómico, a través de inspecciones periódicas a nivel autonómico. Así, únicamente durante los meses de verano han aflorado hasta 793 alojamientos en Castellón.
Fenómeno al alza
Tal y como informó Mediterráneo la semana pasada, este tipo de alojamiento está creciendo a velocidad de vértigo en la provincia. De hecho, una de cada tres pernoctaciones en habitación se producen en pisos turísticos, que ganan terreno a los hoteles; y el fenómeno ya no se restringe a las localidades turísticas, sino que también está muy presente en la capital de la Plana, con la consecuente preocupación para el sector hotelero de la ciudad.
Como indican desde el departamento que preside Francesc Colomer, durante los primeros ocho meses de este año se han dado de alta un total de 13.798 nuevas viviendas turísticas en la Comunitat. Y es que desde el 2015, con el cambio de gobierno en la Generalitat, «se ha reforzado el plan de acción contra el intrusismo, con lo que se ha logrado un incremento del número de viviendas registradas superior al 85%, pasando de las 38.688 que había en el 2014 a las 72.700 actuales», señalan las mismas fuentes.
Para fomentar esta práctica (porque, además, los propietarios de inmuebles se exponen a sanciones), Turisme Comunitat Valenciana ha lanzado varias campañas informativas. En este sentido, planteó a principios de verano un convenio al que se podían adherir las localidades de Castellón. El objetivo era establecer una línea de colaboración entre la administración autonómica y la municipal, a través de las policías locales, para incrementar el número de inspecciones, precisamente con el objetivo de legalizar el mayor número de inmuebles posible.
Sin embargo, pese a que en la reunión de presentación de esta iniciativa había presentes representantes de 15 municipios, por ahora solo Peñíscola y Orpesa han firmado el convenio.
