Unanimidad en el voto, bronca en las intervenciones. El pleno del Ayuntamiento de Castellón aprobó ayer, con el voto a favor de todos los partidos, la creación de una oficina antifraude que garantice el control de los contratos públicos y la modificación del reglamento del Consell Social y otros organismos como los consejos de distrito o los escolares para que entre sus miembros no haya condenados por delitos de corrupción.

Este fue todo el consenso, porque el debate fue duro y hubo fuego cruzado en muchas direcciones. Los partidos que conforman el Pacte del Grau y Ciudadanos centraron sus intervenciones iniciales en atacar al PP, aprovechando las revelaciones sobre la presunta financiación ilegal de este partido realizadas por su exsecretario general, el castellonense Ricardo Costa, en el juicio del caso Gürtel.

El PP debió pensar que la mejor defensa es un buen ataque y fue Juan José Pérez Macián (y no la portavoz, Begoña Carrasco, lo que motivó las críticas del resto de fuerzas) quien dirigió la ofensiva. Primero, anunció que su partido ha llevado a la Fiscalía el «presunto delito de corrupción urbanística» que habría cometido el portavoz de Castelló en Moviment, Xavi del Señor, al comprar en 2016 una casa en la Marjalería con «información privilegiada». «Llama la atención que esta compra la realizara mientras participaba en la elaboración del Plan General», indicó un Pérez Macián que vinculó su apoyo a «posibles recalificaciones».

El portavoz popular también aireó un posible caso de presunta malversación de dinero público por parte de Compromís al utilizar «el servicio de correo municipal para enviar la propaganda electoral de las elecciones europeas del 2014», y acusó al bipartito de pagar 6,5 millones de euros a las «mismas empresas» que reconocieron haber financiado ilegalmente al PP valenciano.

REPROCHES

La alcaldesa, Amparo Marco, criticó la «irresponsabilidad» de Pérez Macián al sacar a relucir «cuestiones personales» referentes a un Del Señor que aseguró que la vivienda no ha sido objeto de recalificación. Marco afeó al popular que entrara «en la orgía de la confusión» y defendió la tarea del equipo de gobierno en materia de transparencia, al afirmar que un empresario le dijo días atrás que en el consistorio «ya nadie pide dinero». El portavoz socialista, Rafa Simó, añadió que su formación «no acepta lecciones de nadie», y «menos» de un Pérez Macián «cínico» y «nervioso».

El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, acusó al PP de acudir «dopados» a las elecciones de 2007 y 2008 y exigió a su portavoz, Begoña Carrasco, que expulse del partido «a todo aquel que convivió con la corrupción» y que «devuelva el dinero que nos robaron para pagar campañas, si fue así».

Desde Cs, Vicente Vidal pidió al PP que «haga limpieza» y «no ponga frenos a la regeneración democrática», mientras Del Señor recordó que de la época de Gürtel aún siguen como ediles populares en la ciudad Pérez Macián, Vicent Sales y Javier Moliner.