La polémica de los grandes ayuntamientos a los que la llamada ley Montoro obliga a utilizar el superávit del 2016 para amortizar parte de su deuda también llega a Castellón. Y es que el ejecutivo municipal que encabeza Amparo Marco llevará al pleno del próximo jueves una iniciativa para pedir al Gobierno que amplíe hasta el 2018 el periodo en el que el consistorio puede reinvertir los ahorros de las cuentas del 2016.

El motivo de la propuesta del bipartito es que el retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado dificultará que se destinen los remanentes municipales a financiar nuevas inversiones, y obligará a amortizar la deuda bancaria. Diversas ciudades lideradas por equipos de gobierno progresistas, como Madrid o Barcelona, ya han levantado la voz ante esta cuestión, en la que también Castellón se posiciona en contra de las aspiraciones del Ministerio de Hacienda.

«El Ayuntamiento de Castellón no puede estar atado de pies y manos para aprobar nuevas inversiones. Hemos realizado una gestión económica eficaz y tenemos unas cuentas sostenibles. Por eso no entendemos que se nos quiera castigar con una restricción que impedirá ejecutar inversiones dirigidas a crear empleo», afirma la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco, que pide al Ejecutivo de Rajoy «mayor flexibilidad y más sensibilidad hacia los ayuntamientos».

INVERSIONES INVIABLES // El anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado limita al año 2017 el periodo para contratar las denominadas inversiones financieramente sostenibles. Las dificultades de Rajoy para lograr apoyos a sus cuentas provocan que la previsión es que no entren en vigor hasta junio, como pronto, lo que según la alcaldesa hará inviable que pueda aprobarse la contratación de los proyectos de obra antes del 31 de diciembre. Y es que los trámites para la licitación y adjudicación de los proyectos supera, por lo general, el periodo de seis meses.

La declaración institucional presentada por los grupos municipales del PSPV y Compromís propone al Ejecutivo central que las inversiones con cargo al superávit se puedan contratar y ejecutar también el 2018. Por otro lado, solicitan que el Ayuntamiento tenga más autonomía para reinvertir una parte del superávit en gasto social y en creación de empleo. «El único condicionante que debería establecer el Gobierno es que no se ponga en riesgo la estabilidad económica municipal», añade Marco, que tendrá que buscar el apoyo del resto de partidos de la corporación para que la iniciativa salga adelante.

«Las decisiones del Ejecutivo de Rajoy impiden que los castellonenses vean mejorada su calidad de vida. Es muy difícil explicar a la ciudadanía que no podemos atender sus demandas, a pesar de contar con recursos», afirma la alcaldesa. Para demostrarlo, recuerda que las entidades locales son la única administración que cumple con los objetivos europeos de estabilidad, pues en el año 2016 generaron un superávit de más de 7.000 millones de euros.

MADRID Y BARCELONA // El posicionamiento de Castellón llega en un momento en el que el conflicto de los poderes municipales con Montoro está en su punto álgido. Carmena en Madrid y Colau en Barcelona lideran una reivindicación a la que se han sumado ayuntamientos de varios colores políticos, como València, Sevilla, Murcia, Bilbao, Gijón, Valladolid, Las Palmas o Zaragoza.