Los juzgados de Castellón necesitarían “entre seis o siete jueces” más de los que forman su plantilla actual para paliar, aunque solo sea en parte, el colapso de asuntos que sufren desde hace años. Así lo manifiesta el juez decano de Castellón, José Luis Conde-Pumpido, que añade que la próxima incorporación de dos jueces, aprobada el pasado mes de marzo, “no va a solucionar los problemas”.

Conde-Pumpido se expresa de este modo ante las últimas cifras anuales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que vuelven a situar a Castellón como una de las provincias más congestionadas de todo el país.

A su juicio, la llegada en julio de dos magistrados “ayudará en los juzgados de Penal y Social, los más necesitados actualmente, pero no supone mucha diferencia a medio plazo”. Y es que, además, los tres jueces de refuerzo que tiene Castellón en la actualidad cambiarán de destino este año.

Lo peor es que la situación no tiene demasiados visos de cambiar, según el magistrado. “No creo que en un futuro próximo vaya a haber ningún cambio. El problema es que no hay creación de plazas nuevas de jueces en España”.

RESPALDO DEL CGPJ // La reinvindicación del juez decano está apoyada, además, por los propios informes del CGPJ. Y es que esta institución, en su memoria de necesidades de plazas y órganos judiciales a nivel nacional correspondiente al año 2011, ya recomendaba la implantación de seis nuevos juzgados en la provincia de Castellón: uno de primera instancia e instrucción, uno de penal, uno de contencioso administrativo, uno de social, uno de vigilancia penitenciaria y otro de mercantil. A falta de estos refuerzos, las estadísticas de la entidad que regula la judicatura sitúa los juzgados de Castellón en una situación crítica, con una tasa de congestión del 1,39 --comparte puesto con Cuenca y Ciudad Real-. Por delante solo están Toledo (1,47), Lugo (1,41) y A Coruña (1,40).

Los cinco partidos judiciales de la provincia --Castellón, Vila-real, Segorbe, Nules y Vinaròs-- ingresaron durante el pasado año un total de 85.458 asuntos, de los que 21.631 fueron asuntos civiles y 63.827, de índole penal. H