La población castellonense envejece y el problema de la falta de residencias para mayores se acrecienta. La mayor esperanza de vida y el descenso en la natalidad son claves para que la población esté cada vez más envejecida. En la provincia, hay 108.404 personas mayores de 65 años y de ellas, cerca de 34.000 tienen más de 80 años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Actualmente, Castellón cuenta con 3.074 plazas de residencias públicas y privadas, lo que supone, según la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte), una ratio de 2,84 plazas por cada 100 mayores de 65 años. La media en la Comunitat es algo superior, 2,91, pero está también alejada de la cifra nacional que se sitúa en 4,19. «Si hacemos el cálculo harían falta 1.468 plazas nuevas para alcanzar la media estatal. Si se hicieran centros de 100 plazas, harían falta hasta 15 nuevos», detalló el presidente de Aerte, José María Toro, al respecto.

«Creemos que hay una necesidad importante de este tipo de instalaciones en la provincia de Castellón, tanto residenciales como centros de día, debido al incremento progresivo de la población mayor, según indica la proyección demográfica del INE», resaltó Toro, quien insistió en la carencia de servicios profesionales para atender a este colectivo. En este sentido, lamentó que, como señala el Observatorio Estatal para la Dependencia en su último informe, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas prime las ayudas para cuidados en el entorno familiar frente a las prestaciones en residencias.

Sobre este asunto también se ha pronunciado la Plataforma en Defensa de la Dependencia de Castellón, como informó ayer Mediterráneo, al lamentar que desde el departamento de Mónica Oltra se prioricen estas ayudas «low cost», que como máximo son de 300 euros, a las de la asignación de plazas concertadas en centros, que pueden rondar los 2.000 euros al mes.

Menos inversión privada

«La apuesta por las prestaciones de cuidados no profesionales, como el cuidador en el ámbito familiar, y la preferencia por las entidades sin ánimo de lucro, que recoge el decreto de acción concertada, están desincentivando la iniciativa privada en Castellón, derivándola a provincias de otras comunidades autónomas con mayor apuesta por la colaboración público-privada», lamentó Toro, quien cree necesario «un cambio de rumbo en la política de dependencia del Consell que refuerce los servicios profesionales y que fomente, junto con el impulso público, la iniciativa privada».

Este hecho, según el presidente de Aerte, conllevaría la posibilidad de atender a muchas más personas de las que se puede en estos momentos, con las plazas actuales, además de generar un nivel muy elevado de empleo estable, sobre todo, femenino. Otro punto clave es que permitiría «dar una oportunidad a muchas mujeres que se ven obligadas a cuidar a algún familiar por presión social o económica».

Plazas insuficientes

Para intentar remediar el déficit de plazas, la Conselleria prevé para este año 72 nuevas plazas subvencionadas en residencias de la tercera edad de la provincia. Se habilitarán un total de 31 en residencias públicas municipales. En cuanto a nuevos puestos en instalaciones gestionadas por entidades del tercer sector, habrá en l’Alcora, Nules, Onda y Vilafranca. Las residencias públicas de Castellón y Burriana sumarán 18.