El de Castellón fue ayer uno de los 300 ayuntamientos reunidos en la cumbre local organizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) en Madrid para reclamar al Gobierno más autonomía local para gestionar el superávit, que, a falta del cierre oficial del presupuesto del 2017, la previsión es que sea de 28,8 millones de euros en la capital; similar al del 2016 y superior al del 2015, de 22,6.

Lo que tenía que ser una jornada más reivindicativa se desinfló fruto del anuncio hecho anteayer por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, comprometiéndose a aprobar un decreto ley que permita a los consistorios comenzar a gastar los 5.000 millones de remanente del 2017. Pese a ello, los alcaldes y representantes municipales advirtieron que estarían vigilantes para garantizar el cumplimiento de este compromiso. En el caso de Castellón, estuvo representado por el concejal de Gestión Municipal, Antonio Lorenzo, quien reivindicó poder destinar el superávit «a actuaciones que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía, ya que el gobierno local ha gestionado las cuentas públicas de forma adecuada». «Somos una institución solvente y no podemos estar sometidos a las imposiciones sin sentido de la Moncloa», recalcó Lorenzo. Las políticas sociales, educativas y culturales, y la inversión en los barrios, son algunas de las iniciativas que podrían contar con financiación de los remanentes municipales.

Desde el consistorio, recordaron que se han obtenido en los dos últimos años unos superávit que no se han podido destinar con libertad a las necesidades municipales. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas determina los distintos usos que se le puede dar a los remanentes, que son básicamente dos: amortización de la deuda municipal y las denominadas inversiones financieramente sostenibles, que son proyectos de mejora de infraestructuras municipales que no supongan nuevos gastos financieros a la institución.

NUEVA REGULACIÓN // Por todo ello, los representantes municipales en la cumbre de la Femp, incluido Lorenzo, instaron al Gobierno, y en especial a Montoro, a contar en el plazo de tiempo más breve posible con una nueva regulación que dé soluciones a la demanda local de reinversión del superávit en actuaciones que no se limiten exclusivamente a deuda e inversiones sostenibles.