El Ayuntamiento de Castellón y la Generalitat han interpuesto un recurso de nulidad ante el Tribunal Supremo (TS) para intentar invalidar todo el proceso judicial que desembocó en la sentencia de finales del año pasado que anuló el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del 2000. Los letrados alegan que se ha vulnerado el derecho fundamental de defensa, dado que el fallo del TS de noviembre de 2011 ha modificado sustancialmente el de diciembre del 2008 que también anuló el PGOU. El recurso, no obstante, tiene ínfimas posibilidades de prosperar. Así lo anunció ayer el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Mulet, durante su comparecencia en el pleno municipal a petición del PSPV-PSOE.

Mulet confirmó que consistorio y Consell pedirán al TSJCV la paralización de la ejecución de la sentencia del PGOU anulado, como Mediterráneo ya avanzó. En concreto, que no se derriben las obras públicas y privadas ya en pie con arreglo al plan del 2000, incompatibles con el de 1984 --caso de la nueva comisaría, la ampliación del Hospital General o el Palau de la Festa--. Si se aplicara el fallo del Supremo a rajatabla, esas obras y otras más deberían ser demolidas, algo que la lógica lleva a pensar que no ocurrirá.

Cuestión bien diferente son los proyectos ligados a modificaciones del planeamiento urbano que están en tramitación, ya que permanecerán paralizados durante el tiempo que tarde el consistorio en tener listo un nuevo PGOU. El principal proyecto que se verá afectado será la transformación de la vieja Fábrica Dávalos en centro de ocio juvenil, ya que es preceptivo que el consistorio cambie antes su uso de administrativo-institucional a recreativo.

En su intervención plenaria, Mulet explicó que cuando el TSJCV ratifique la anulación del PGOU, el consistorio tendrá encima de la mesa dos opciones para resolver el galimatías urbanístico. En primer lugar, la vía más barata, rápida y polémica es rescatar el mismo PGOU, pero refundido para recoger todo lo que se ha tramitado desde el 2000 y que podría provocar nuevos recursos judiciales ante el Supremo. La segunda opción, más larga, costosa pero más segura, es aprobar un nuevo plan partiendo desde cero pero obligaría a paralizar el urbanismo en Castellón durante unos dos años. Mulet aseguró que aún no han decidido cuál elegirán.

La oposición en bloque (PSPV, Bloc y EU) exigió al PP que impulse un nuevo PGOU partiendo desde cero que cuente con su opinión y la de todos los vecinos. H