Los sindicatos de la función pública volvieron a sacar ayer a miles de castellonenses a la calle -8.000 según la Policía Local y 30.000 según los convocantes- para protestar por el decreto de medidas de ajuste aprobado en enero por el Consell y exigir su retirada. En una marcha más tranquila que la del 26 de enero pero igual de reivindicativa, pancartas y pitos en mano, médicos, enfermeros, personal de justicia, profesores, padres, alumnos, políticos -del PSOE, Compromís y EU- y ciudadanos en general recorrieron las céntricas calles que unen la plaza Mª Agustina de Castellón con la del Ayuntamiento durante cerca de dos horas, reivindicando “servicios públicos de calidad y la garantía del estado del bienestar”.
Bajo el lema de la pancarta que abría la manifestación No a les retallades dels serveis públics, los participantes, llegados de buena parte de la provincia, desde el Baix Maestrat hasta la Plana Baixa, hicieron alusión en sus carteles “al despilfarro de la Generalitat”.
Tanto sindicalistas como particulares reconocieron que confían en que el Consell dé marcha atrás. Por ello, continuarán negociando y saliendo a la calle. Lo harán de nuevo el miércoles 29, en una movilización por los recortes del Consell y por la reforma laboral. Las manifestaciones de ayer se repitieron en Valencia y Alicante.
VALORACIONES // El secretario general de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE), Laureà Puig, valoró que han sido “familias enteras las que han salido a la calle”. El representante de Intersindical en Castellón, David Vicent, insistió en que ellos no han creado el problema y lo sufren. La secretaria general de CCOO, Encarna Barragán, pidió que “Alberto Fabra retire el decreto por unos servicios de calidad”, mientras que su homólogo en UGT, Tino Calero, ideó alternativas como “la recuperación del impuesto de patrimonio”. Además, el secretario general provincial del PSPV-PSOE, Francesc Colomer, pidió a Alberto Fabra que “atienda el clamor popular”. H
