La Generalitat valenciana invertirá 200 millones de euros en la construcción y rehabilitación de sedes judiciales de la Comunitat hasta el año 2021. Un presupuesto del que Castellón solo se llevará el 1,34%, pues las aportaciones para la provincia se reducen a 2,68 millones de euros (1,68 para Vinaròs y uno para Nules). Nada le toca a la capital de la Plana, con una Ciudad de la Justicia deteriorada pese a tener solo 12 años.

Así lo anunció ayer el presidente del Consell, Ximo Puig, en compañía de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, durante la presentación del plan de infraestructuras judiciales de la Comunitat Valenciana, en la que también estuvo la presidenta del TSJCV, Pilar de la Oliva.

Las mejoras que acometerán en la provincia se ciñen a la ampliación de los juzgados de Nules para albergar el ya creado órgano de Instrucción 5, que carecía hasta ahora de espacio. La Conselleria destinará un millón de euros a la compra de dos locales anexos al actual Palacio de Justicia --valorados en 485.000 euros--, como ya avanzó Mediterráneo la semana pasada, a la redacción del proyecto y a la ejecución de las obras de adecuación del espacio.

REFORMA // Por lo que respecta a Vinaròs, afrontarán una remodelación completa del Palacio de Justicia. La redacción del proyecto se encuentra en curso actualmente y el inicio de los trabajos está previsto para el mes de octubre --con finalización de la obra para junio del próximo año--.

Ni Castellón, ni Vila-real ni Segorbe --el resto de los partidos judiciales de la provincia-- tienen adjudicado presupuesto para mejoras. Especialmente, llama la atención el caso de la capital, con una sede con desperfectos, que presenta escasez de mobiliario de almacenamiento (hay expedientes amontonados en los suelos de salas y en las mesas), un evidente deterioro en sus zonas ajardinadas y adoquines de entrada, falta de letras en su accesso principal, baños con roturas y reparaciones constantes, así como también un sistema de videollamadas que obliga a parar juicios, posponer declaraciones y que levanta las críticas de jueces, fiscales, abogados y secretarios.

PUIG Y BRAVO / En su intervención, Puig hizo referencia a la necesidad de «reparar los derechos a través de la inversión», al tiempo que señaló la importancia de que la ciudadanía tenga el acceso «en igualdad de condiciones» a una justicia «eficiente». Dijo que el plan tiene tres objetivos: «Dotar a la ciudadanía de una atención digna, coser la administración de justicia para que el territorio no marque la diferencia de la atención y dotar a los profesionales de medios dignos».

Gabriela Bravo destacó que también se creará un nuevo sistema centralizado de protección y seguridad, con la actualización de los planes de emergencia, así como la renovación de los sistemas contra incendios.