El Ayuntamiento de Castellón informó ayer de que ha puesto en marcha el proceso para la creación de un procedimiento consensuado que busca evitar los desahucios, así como ha iniciado la revisión de todos los pisos municipales para comprobar su estado y poder ofrecerlos a quien lo necesite. Por último, se han realizado ya contactos con entidades bancarias para solicitar su colaboración en estos casos.
La alcaldesa, Amparo Marco, aseguró que “el gobierno municipal es consciente de la situación por la que están atravesando miles de familias de nuestra ciudad, que están perdiendo sus viviendas y tienen graves problemas de subsistencia”. Por esta razón, añadió, “nuestro objetivo prioritario es conseguir que ninguna familia pierda su hogar”. Fuentes municipales explicaron que el Ayuntamiento de Castellón ha iniciado los trámites para aprobar un protocolo administrativo que establecerá los pasos a seguir en el caso de los lanzamientos de la vivienda en procesos de ejecución hipotecaria, un procedimiento que, además, se consensuará con los agentes implicados.
Las mismas fuentes indicaron que la alcaldesa ha contactado con el presidente de la Audiencia de Castellón, José Manuel Marco Cos, para impulsar el protocolo, surgido a iniciativa del Colegio de Procuradores, especialmente sensibilizado por los lanzamientos de la vivienda en procesos de ejecución hipotecaria.
El objetivo que se persigue, añadieron, es detectar el grado de necesidad de las personas y familias que se ven obligadas a abandonar su vivienda en ejecución de una resolución judicial, de manera que “se les pueda procurar un alojamiento alternativo, previa valoración de los servicios sociales municipales”.
Sin embargo, mientras se consensúa este documento, la concejala de Vivienda Social, Participación Ciudadana e Igualdad, Ali Brancal, explicó que las concejalías de Vivienda y Bienestar Social están trabajando para conocer cuál es la disponibilidad de los pisos municipales, su estado de conservación, y cuáles son las reparaciones urgentes precisas para ponerlos a disposición de la ciudadanía ya que, dijo, “la falta de decisión política del anterior equipo de gobierno en esta materia hace que la oferta de vivienda social sea limitada”.
Indicó también que han iniciado “contactos con entidades bancarias para que aplacen o paralicen los desahucios en casos con riesgo social” y para que pongan a disposición de los afectados un piso en alquiler reducido. H
