Los imputados podrían enfrentarse a penas de hasta 5 años de prisión
La Justicia debe decidir si hubo irregularidades en la concesión del proyecto
En la memoria de los vecinos de Vinaròs, Benicarló o Peñíscola todavía perdura la fecha del 1 de octubre del 2013. A las 4.21 horas, el polémico almacén de gas Castor hizo temblar la tierra, registrándose un seísmo de 4,2 grados en la escala Richter. Fue el más grave de los 500 que se repitieron durante las tres largas semanas que duraron los terremotos y que marcaron el principio de la historia de un proyecto que ha costado 1.400 millones de euros a pagar entre todos los ciudadanos y cuyo capítulo final está todavía lejos de cerrarse. Porque hoy, dos años después de los temblores, la batalla del Castor se libra en dos frentes: el político (el Gobierno todavía no tiene claro cuál será el futuro de la infraestructura) y el judicial. En este último, las próximas semanas serán determinantes.
A partir de mañana, el Castor toma la palabra. A las 9.30 horas comenzará la declaración de la primera de las 18 personas imputadas por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs, cuyo titular, el magistrado Víctor Capilla, investiga las supuestas irregularidades en la tramitación de la concesión de explotación del macroproyecto gasístico. A esa hora tomará la palabra Jesús Gómez de las Heras, coordinador del Instituto Geológico y Minero (IGME). Lo hará, previsiblemente, en una sala multiusos del Palacio de Justicia de Vinaròs, en la avenida Libertad, y ante el juez instructor, el fiscal, el abogado del Estado, la defensa y la acusación particular.
Gómez de las Heras deberá explicar por qué en enero del 2007 firmó un informe en el que se concluía que no existían riesgos sísmicos, y en el que se aseguraba que “la estructura del Castor era apta para almacenar gas natural en las condiciones técnicas de operación descritas en la memoria técnica presentada por Escal UGS”. El documento fue decisivo para que el Consejo de Ministros autorizara la concesión de explotación del almacén a la firma Escal UGS, controlada en el 66,67% por ACS, compañía propiedad del también presidente del Real Madrid Florentino Pérez.
El coordinador del IGME no será el único en dar explicaciones sobre un informe que falló en el diagnóstico y que también firmaron otros cuatro altos cargos del Gobierno que entonces presidía José Luis Rodríguez Zapatero. El martes, 20 de octubre, está citado a declarar José Antonio Fernández Sánchez, director de recursos minerales, mientras que el jueves 22 lo hará Roberto Rodríguez Fernández, director de Geología y Geofísica del IGME.
A estas primeras declaraciones le seguirán en los próximos meses las de los otros 15 imputados, entre ellos Recadero del Potro, presidente del Consejo de Administración de Escal UGS, y otros 8 representantes de la compañía, a los que en la instrucción del caso se acusa de “no paralizar las actividades de inyección de gas hasta concluir la última fase, haciendo caso omiso de las varias advertencias efectuadas directamente por el Observatorio del Ebro”.
UN PROCESO LARGO // Las comparecencias de los 18 imputados por el caso Castor forman parte de una instrucción que se prevé larga y compleja. En los últimos meses (el juzgado aceptó la denuncia de la Fiscalía de Castellón el pasado mes de enero), el juez ha ido recabando pruebas y documentación y existe la posibilidad de que llame a declarar a más imputados.
Una vez concluida la fase de instrucción, y conocidas las penas que se solicitan (el delito de prevaricación ambiental supone una pena de entre 1,6 y 4 años de cárcel, mientras que el delito contra el medio ambiente supone entre dos y cinco años de prisión) se podría fijar la fecha de inicio del juicio, algo que, casi seguro, no sucederá antes de un año. Comenzaría entonces un proceso que se celebraría en la Audiencia de Castellón o en el juzgado de lo Penal de Vinaròs. H
