La patronal de Castellón quiere seguir existiendo. Así lo evidenció ayer la Confederación de empresarios de Castellón (CEC) con la aprobación de sus cuentas para el presente ejercicio.

Se trata de un presupuesto de mínimos, de 113.000 euros, lo «imprescindible» para afrontar los gastos del funcionamiento de la organización del día a día (luz, agua, teléfono...). Pero el paso es mucho más trascendente de lo que a priori pueda parecer, porque supone hacer efectivo el compromiso de la organización de seguir existiendo y luchando por sobrevivir, ya que se encuentra ahora mismo en situación de concurso de acreedores, como consecuencia de la deuda de 1,7 millones de euros que ha reconocido en sus balances.

Aun así, fuentes consultadas de la organización, matizan que «todas las decisiones de gastos las tiene que autorizar el administrador concursal en última instancia». En la reunión de ayer también se acordó las cuotas anuales que han de pagar las diferentes sectoriales que todavía están adscritas, caso de Ascer, con 9.000 euros; o Fepac, con 4.000 euros; así como las empresas singulares (BP, 9.000 euros; Iberdrola, 9.000 €; o Facsa, 5.200 €).

Los pasos que está dando la gestora no ocultan, pese a todo, las grandes dificultades que existen ahora mismo para garantizar la supervivencia de la patronal de Castellón. De un lado, porque la deuda que hay acumulada es muy elevada, y no hay ingresos suficientes para hacerle frente. Y del otro, porque se está pendiente de la resolución de la investigación judicial que está llevando a cabo desde junio del 2015 el Juzgado Número 1 de Nules por un presunto fraude en la celebración de cursos de formación correspondientes a los años 2009 y 2010, que han terminado con el exsecretario de la organización, Rafael Montero, procesado, entre otros cargos. Fuentes de la CEC confían en que se resuelva el caso «antes del verano», dado el tiempo que lleva abierto.