La Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) votó ayer por mayoría seguir trabajando y luchar por su continuidad, aunque entidades de peso, como Ascer, no ocultaron su oposición. Ahora, trabajarán para reunir los 126.000 euros que estiman que hace faltan para salvar el año, mientras se espera el resultado definitivo de la auditoría interna, y se prepara un nuevo expediente de regulación de empleo.

Este fue a grandes rasgos el resumen de la junta directiva de la patronal castellonense, la primera sin las personas que hasta la fecha han pilotado la organización: el que fuera su presidente, José Roca; y el secretario Rafael Montero. Fueron más de tres horas de debate no exento de enfrentamiento en algunos momentos. Y es que aunque el grueso de las organizaciones son favorables a que la entidad luche por sobrevivir, hubo voces en contra que abogan por que vaya directamente al concurso de acreedores y a la liquidación, conscientes de que es muy difícil de digerir la enorme deuda que arrastra.

Entre estas se encuentra la patronal Ascer, que no solo es la que más peso y fuerza económica tiene por la potente industria a la que representa, sino que fue la que destapó en su día el escándalo de las cuentas de la CEC, primero con la dimisión del vicepresidente que representaba al colectivo, Miguel González, por desavenencias con la gestión de la patronal. A partir de ahí, se sucedieron en julio otras dimisiones de la dirección en bloque, que forzaron la salida del que había sido presidente durante más de dos décadas, José Roca, así como el secretario Rafael Montero.

El presidente de la comisión gestora, Néstor Pascual, fue cauto en sus respuestas, y se limitó a calificar la reunión como «muy positiva», al tiempo que destacó que «la mejor noticia para Castellón y los empresarios es que hay unidad y que estamos trabajando para salvar la CEC».

LOS SIGUIENTES PASOS // Ahora, la comisión gestora se va a poner a trabajar para recuperar las cuotas que adeudan muchas de las sectoriales que integran la CEC, la mayoría de ellas. El objetivo es afrontar todos los gastos que se estima habrá de aquí a final de año (luz, salarios atrasados, cuotas a la Seguridad Social...) y los despidos de otros tres trabajadores, cuyo acuerdo se está negociando en estos días. El personal de administración quedaría, pues, en tres profesionales.

Paralelamente en esta quincena acabaría de elaborarse la auditoría interna y, «ya con las cuentas claras», se celebraría una nueva junta y asamblea, previa a solicitar el concurso de acreedores --se agotaría el plazo, es decir, sería el 28 de noviembre--, con el fin de que la cantidad adeudada sea la menor posible. H