La patronal que agrupa a las cementeras de la Comunitat Valenciana y los sindicatos representativos en este sector se unieron ayer al azulejo castellonense en su rechazo al nuevo impuesto sobre la valorización de residuos que pretende implantar el Consell. Los representantes de CCOO, Construcción y Servicios, UGT-FICA, la Federación de Industria, Construcción y Agro, y también de las tres principales fábricas de cemento de la Comunitat alertaron contra las consecuencias ambientales y sociales negativas del nuevo canon, por lo que reclamaron una reunión al president Ximo Puig.