La agonía se mantiene en el seno de la patronal autonómica Cierval y de las tres entidades que dieron su origen: las territoriales de Castellón (CEC), Valencia (CEV) y Alicante (Coepa). La junta directiva terminó ayer decidiendo posponer la decisión acerca del plan de viabilidad de la alicantina a la espera de conocer un informe jurídico, mientras que paralelamente un juez también se pronunciará al respecto.

El objetivo fijado es doble. En primer lugar, los miembros de la junta directiva de Cierval evitan tomar directamente una decisión que pudiera conllevar responsabilidades penales --por si es «baja temeraria»--, ya que el plan de viabilidad presentado por Coepa a 8 años pasa por que la autonómica le perdone el 95% de la deuda que tiene contraída por retrasos en cuotas. Y en segundo lugar, la dirección de Cierval evita convertirse en su verdugo.

Hay una tercera consecuencia, con implicaciones directas en Castellón. Y es que si Cierval asumiera como válido el plan de la patronal de Alicante, estaría abriendo en la práctica la puerta a que la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) siga el mismo camino, dado que está en una situación casi idéntica.

TODO APLAZADO // Ante este panorama, la junta directiva de Cierval decidió ayer, en una reunión no exenta de tensión, que se volverá a reunir el próximo 9 de noviembre, fecha en la que un asesor jurídico expondrá las consecuencias y responsabilidades que podrían caer sobre la cúpula de la organización empresarial de la Comunitat. Asimismo, el día 11 de noviembre, está previsto que sea el juez que lleva el concurso de acreedores de Coepa quien se pronuncie sobre si acepta el plan de viabilidad o si, por el contrario, la alicantina debe ir a la liquidación definitivamente.

Sea la solución que sea, la realidad es que la patronal autonómica que preside el empresario José Vicente González está en una situación económica delicadísima --cerró 2015 con pérdidas de 900.000 €--, y ya son muchas voces las que dan por hecho que pedirá también el concurso de acreedores en enero. Ayer, desde la entidad no se ofrecieron declaraciones a Mediterráneo.

Y es que a la quiebra oficial de Coepa se sumará en breve la de la castellonense CEC, que está preparando ya quiebra controlada de sus cuentas para tratar de reflotarla. La suma de ambas deudas ronda los 1,5 millones.

Y por si el frente en Cierval no es ya grande, se suman otros en los que actuó como avalista: los 3,8 millones en inmuebles (Coepa) y los 1,2 millones que investiga un juez de Nules por presunto fraude en cursos. H