La ley de dependencia coge algo de impulso pero la Comunitat sigue estando en el furgón de cola. De hecho, la valenciana es la cuarta autonomía española, tras Canarias, Aragón y Navarra, con la calificación más baja en la aplicación de la normativa, 3,21, según el último informe del Observatorio de la Dependencia, que denuncia «grandísimas desigualdades» entre territorios. El último dictamen del Observatorio advierte que 90 personas mueren cada día en España mientras esperan atención (en los últimos cinco años han fallecido 15.000) y señala que a nivel nacional 348.309 dependientes, el 29%, no reciben ninguna de las prestaciones o servicios a los que tienen derecho.

Tras diez años de desarrollo de la ley de dependencia, el informe considera «imprescindible» dotar de suficiencia financiera al sistema para «cumplir con la ley», atender a los dependientes reconocidos y afrontar los desafíos sociales, sanitarios y demográficos que tiene por delante el país.

El recorte acumulado de la Administración del Estado en dependencia en los últimos cuatro años asciende a 3.734 millones de euros. Además, el Estado aporta el 17% de la financiación del sistema y las comunidades autónomas el 83% restante.