Suenan tambores en los puertos españoles... y entre ellos el de Castellón. El anuncio del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, a los representantes sindicales de la estiba (entre ellos cuatro del comité de empresa castellonense) de que va a regular esta actividad mediante un decreto ley que eliminará el actual sistema en tres años vaticina un periodo de conflictividad laboral en una actividad que es fundamental para la economía estatal y la castellonense, volcada en la exportación.

De momento, los portuarios castellonenses, en línea con el Estado, no han convocado movilizaciones, aunque el responsable estatal de Coordinadora (que ostenta el 90% de la representación sindical de la estiba en España) ya anunció ayer que defenderán su profesión «por todos los medios» ante la imposición del Estado.

De hecho, el presidente del comité de empresa castellonense, Ximo Pesudo, apunta que puede ser «la próxima semana», una vez conozcan el contenido del decreto ley, cuando se lance el preaviso de huelga estatal. Tampoco era esto ninguna sorpresa. Antes, el propio presidente y el director de la Autoridad Portuaria, Francisco Toledo y Roberto Arzo, ya habían anulado su viaje de la próxima semana a Berlín para participar en la feria Fruit Logistica.

Toledo se muestra «preocupado» por la situación, aunque su capacidad de acción es prácticamente nula: «Poco podemos hacer, aparte de transmitir serenidad y vigilar que no haya incidentes». El presidente de PortCastelló apela a que la estiba y la patronal estatal Anesco lleguen a un acuerdo para desbloquear el caso. Y desde los sindicatos afirman que ya lo alcanzaron.

posturas encontradas // Aunque desde Fomento no quisieron confirmar a este diario si esto es así, el decreto ley establece tres vías para regular el sistema portuario: reconvertir las actuales Sagep en empresas sin exclusividad en las que ya no será obligatorio participar; crear Centros Portuarios de Empleo, también voluntarios; o directamente que los estibadores procedan de ETT.

Desde los comités de empresa censuran que el Gobierno quiere eliminar así «un sistema que funciona y que acumula récord tras récord» en tráficos, señala el vicepresidente castellonense, Francisco Gonell. Además, critican que el Estado prevé pagar los finiquitos de los portuarios, para lo cual prevé 350 millones, muchos más que los 21 de la hipotética multa por incumplir la sentencia de Luxemburgo.