La Conselleria de Bienestar Social ha optado ahora por retrasar hasta septiembre u octubre la puesta en marcha del nuevo copago, que mitiga, pero solo en parte, las tasas estipuladas hace un año para los discapacitados que reciben algún servicio, como residencia, centro de día o centro ocupacional en la Comunitat.

Ayer, en Castellón, la consellera Asunción Sánchez Zaplana, quien anunció meses atrás que el nuevo gravamen entraría en vigor el 1 de julio, indicó que han decidido retrasar su puesta en marcha para conocer antes la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), que ya ha anunciado que el próximo 30 de septiembre fallará sobre el recurso presentado por la plataforma de discapacitados Cermi, la cual aglutina a 15 colectivos de la provincia de Castellón, en contra de esta medida.

Por tanto, será la justicia quien otorgue la última palabra en este controvertido asunto, después de las innumerables reuniones mantenidas entre el sector de la discapacidad y la Conselleria, en las que ambas partes no han llegado a un acuerdo, a pesar de que esta última rebajó los precios estipulados desde un principio. H