El director general de Justicia de la Generalitat, Julián González, exigió ayer a los miembros del Colegio de Abogados de Castellón que se manifiesten “claramente” sobre si desean seguir prestando el servicio (voluntario para los letrados) del turno de oficio para garantizar la asistencia jurídica gratuita y universal con las condiciones actuales (un descenso del 27 por ciento en la baremación de sus actuaciones profesionales). Así lo manifestó en declaraciones a Mediterráneo, tras constatar que en juzgados como los de Vila-real se ha “suspendido la asistencia a imputados”, tal y como recogió ayer este diario de boca del presidente del Colegio de Abogados, Antonio Esteban.

González afirmó que esta “actitud” vulnera los artículos 15 y 21 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que hacen referencia a designaciones provisionales de letrados de oficio y al requerimiento judicial de designación de abogado gratuito. Por tanto, los letrados castellonenses serían susceptibles de ser sancionados. Unas multas que, en todo caso, debería imponer el poder judicial. De hecho, la situación ya ha sido trasladada por varios órganos judiciales tanto a la Conselleria como al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat.

El director general informó de que en 2011 el presupuesto para el turno de oficio en la Comunitat ascendió a 24 millones de euros, de los que 2,4 millones de euros correspondieron a actuaciones en la provincia de Castellón. Para 2012, se han publicado nuevos baremos por actuación que reducen en un 27% la subvención de este derecho ciudadano. Según fuentes consultadas por este diario, con la anterior baremación la media de pagos al turno de oficio rondaría los 2.000 euros por letrado del turno y trimestre. Cantidad que se verá reducida este año a menos de 1.500 euros.

El Consell insiste en resaltar que no se trata de “salarios, sino de una subvención de un derecho fundamental”. Asimismo, admite que adeuda el 25 por ciento del total del importe de 2011.

Desde el Colegio de Abogados se señaló que actúan en “cumplimiento de la ley”. Como medida de presión, los letrados podrían dejar de atender el servicio de orientación jurídica del registro civil, el servicio de orientación en materia penitenciaria o el punto de encuentro familiar a partir del próximo mes de marzo.

“Los abogados deben realizar las designaciones de letrados de oficio y prestar el servicio al que voluntariamente se han presentado. Han de decir claramente si quieren seguir prestándolo o no, para que el Consell pueda garantizar este derecho”, afirmó el director general de Justicia. H