La Conselleria de Vivienda, Obras Pública y Vertebración del Territorio presentó ayer un documento, remitido al Ministerio de Fomento, en el que se detallan las actuaciones que se deben llevar a cabo en la Comunitat para mejorar la conectividad de la AP-7 tras su liberalización en 2019. En el mismo constan cinco actuaciones en la provincia, entre mejoras de accesos ya existentes y creación de viales nuevos, que tendrían un coste de 70 millones de euros.

La consellera del área, María José Salvador, dio a conocer el escrito junto al director general de Obras Públicas, Carlos Domingo. El documento, explicó Salvador, ha sido elaborado de forma conjunta por los técnicos de la Conselleria y por los municipios por los que atraviesa la Autopista del Mediterráneo, ante «la falta de planificación que tuvo el anterior equipo de gobierno con una infraestructura que es esencial para la vertebración de la Comunitat, a la que hay que dar una solución tras su liberalización».

El objetivo es mejorar la movilidad de los municipios por los que pasa y de los afectados por su área de influencia, ya que actualmente los ejes viarios libres de peaje que recorren esta zona del litoral, las carreteras nacionales N-340, N-332, A7 y CV-10, sufren problemas de congestión y seguridad vial, detallaron. Estos son «especialmente graves» en la zona de la N-332, donde existen numerosas travesías por núcleos urbanos, puesto que en la zona de la N-340, la autovía CV-10 permite mitigar estos problemas.

INVERSIÓN

Las actuaciones programadas en todo el territorio autonómico, un total de diez, tendrían un coste de 220 millones de euros, valoró ayer Salvador, de los que 70 se invertirían en Castellón. No obstante, matizó que «muchas de las actuaciones diseñadas ya están programadas y ahora se trata de ejecutarlas». Dichos proyectos afectan hasta a ocho municipios de las tres provincias.

La consellera recordó que «somos la quinta comunidad autónoma --tercera si exceptuamos el País Vasco y Navarra-- con un mayor porcentaje de autopistas de peaje, un 35% sobre el conjunto de autopistas y autovías del Estado español», lo que nos deja en una situación de desventaja».

Tras presentar estas propuestas al Ministerio de Fomento, la castellonense destacó que «se deberá continuar trabajando en su definición durante la comisión de seguimiento de la AP-7 que el Ministerio se comprometió a convocar en su día, y que ha sido reafirmada por el actual Ejecutivo». Este grupo de trabajo tendrá el documento elaborado por la Conselleria como base.