El pleno del Consell ha acordado hoy impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa el Real Decreto por el que se regulan las características generales de las pruebas de la evaluación final de Educación Secundaria (ESO) y Bachillerato. Así lo ha anunciado la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno, en la que ha justificado esta decisión de recurrir el decreto que regula las llamadas reválidas por razones tanto pedagógicas como prácticas y ha recordado que otras comunidades autónomas ya lo han recurrido.

De esta forma, ha precisado que obtener un resultado negativo en estas pruebas implica, según el real decreto, la no titulación del alumno, dejando sin validez los resultados obtenidos a lo largo de la etapa, con lo cual se relega a un único momento la valoración de todos los aprendizajes adquiridos de forma progresiva.

Oltra ha agregado que las pruebas están claramente orientadas hacia los contenidos, lo que contradice las finalidades de la evaluación recogidas en la normativa, cuyo propósito es evaluar el grado de adquisición de competencias y objetivos generales de la etapa.

GASTO ELEVADO // El tercer argumento del Consell para recurrir estas pruebas son los elevados gastos de la realización de las mismas, que en el caso de la Comunitat Valenciana se estima en cerca de 950.000 euros, cantidad "insostenible", más aún cuando en este curso las pruebas no tendrán consecuencias académicas, lo que hace suponer un alto grado de no participación.

Oltra ha alertado además de la paralización organizativa que supondría la aplicación de las pruebas, pues se calcula que harían falta unos 2.000 profesores durante cinco días, además de la incidencia en el calendario escolar.

La vicepresidenta ha manifestado que, tal y como dijo el conseller de Educación, "no puede ser" que empiece el curso y el alumnado no tenga claro qué pruebas tendrá que realizar, algo que es "una auténtica barbaridad, y así lo han expresado los estudiantes" esta semana en la calle. //