El pleno del Consell aprobó ayer el proyecto de la ley de infancia y adolescencia que, entre otras cuestiones, pondrá límite a los deberes escolares en la etapa de Primaria (de 6 a 11 años). La norma, impulsada por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, otorga a los niños la consideración de ciudadanos de pleno derecho, al tiempo que fomenta su participación en la vida pública y la promoción de sus derechos.

El texto establecerá el acceso al ocio educativo como un derecho, de manera que el exceso de tareas en Primaria no reduzca el tiempo de juego. Establecen que durante esta etapa se procurará que las actividades de aprendizaje programadas puedan hacerse dentro de la jornada lectiva, de manera que el exceso de deberes no reduzca el tiempo de juego. Las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) de la provincia, sumándose a una campaña nacional, impulsaron varias huelgas para instar a revisar estas actividades fuera de la escuela, que restaban tiempo de conciliación. También era una reivindicación de la infancia.

DAR VOZ // También se elimina el límite de edad para que se escuche su opinión antes de dar el consentimiento informado en los tratamientos médicos y se fija la obligación de los padres, madres o tutores a escuchar sus opiniones y respetar sus convicciones en referencia a la libertad de ideología, conciencia o religión.

Se reconoce por primera vez el derecho a la identidad y a la expresión de género y se garantiza que las administraciones tendrán que consultar su opinión en aspectos que les afecten como las políticas de ocio educativo o el diseño urbano de los municipios.

También establece medidas para evitar que se vean excluidos de las ayudas a las que tienen derecho porque sus familias tengan deudas o incumplimientos que les impidan acceder a ellas.

Además, abre la posibilidad de que la Generalitat se persone como acusación popular en los casos de violencia contra menores. Aparte, en los casos de agresión machista o doméstica, el Consell impulsará que sea el agresor y no la víctima la que abandone el domicilio familiar. La norma, ahora, se remitirá a les Corts para su aprobación definitiva.