La Generalitat ya puede expropiar pisos a los bancos para que en ellos sigan viviendo aquellos a quienes ha desahuciado la propia entidad bancaria. Así es, en teoría, a partir de la publicación de la Ley de función social de la vivienda, que ayer aprobaron Les Corts con 61 votos a favor y 29 en contra, los del PP, el único grupo que negó su apoyo a la norma. Y es en teoría porque el punto de la ley que incluye esta expropiación (en realidad es por el uso, no de la propiedad) entra en colisión con la ley estatal de segunda oportunidad de la vivienda, con lo que, si el Gobierno central recurre la norma autonómica, lo normal es que el Tribunal Constitucional anule este punto. Eso sí, según fuentes de la Conselleria de Vivienda esto no evitaría que el resto de la ley, con la que el Consell busca garantizar el derecho a techo, tenga plena efectividad.

La norma aprobada ayer es la primera, excepción hecha de las leyes de presupuestos (que son ordinarias), que el Consell de Ximo Puig ha llevado y aprobado en el Parlamento autonómico. Esto da una idea de «la prioridad material del derecho a la vivienda» que ha querido fijar el Gobierno valenciano, destacó ayer la consellera de Vivienda, María José Salvador. El Consell cumple así también el primer punto del Pacte del Botànic, el acuerdo de PSPV, Compromís y Podem que sirve de base al Ejecutivo autonómico.

Más allá de esto, con la norma se busca «movilizar la vivienda vacía» que existe en la Comunitat (el INE estima que así está el 15% del total) para que deje de estarlo y que en ella puedan vivir las familias que no pueden acceder actualmente a un piso, resaltó Salvador. En Castellón, según el último dato ofrecido por este diario, hay 11.256 viviendas pendientes de venta (es decir, en manos de bancos o de promotores inmobiliarios). Pero podrían entrar más, ya que viviendas que hayan sido compradas pero estén vacías más de dos años seguidos (es el plazo que marca la ley para determinar este concepto) también son susceptibles de tener uso social.

diferencias // Y para ello se establecen dos vías: si los dueños son bancos o grandes propietarios (con más de 10 inmuebles) se seguirá un camino, que puede de-sembocar incluso en la expropiación de usufructo anterior. En cambio, para los pisos vacíos en manos de particulares solo se establecerá la posibilidad de la cesión voluntaria, que tratará de ser incentivada con ayudas.

Tras su aprobación, Salvador señaló ayer que con la ley buscan incluir la vivienda «entre los pilares del Estado de Bienestar, como la sanidad, la educación, las pensiones o la dependencia» y pidió al Gobierno que demuestre «el cambio de talante» y no la recurra. Y es que este punto sobre la expropiación lo dejó en suspenso la Conselleria y se ha incluido durante su tramitación en Les Corts. En sus intervenciones de ayer, PSPV, Compromís, Podemos y Ciudadanos alabaron la norma, mientras la diputada del PP Elisa Díez señaló que esta se caracteriza por «la imposición y la obligación» y «se verá que es incapaz de llegar a ningún sitio».