El Ayuntamiento de Castellón está llevando a cabo un proceso participativo con el fin de definir el uso que debe tener el solar frente a la piscina del Grao, ubicada en el pabellón Emilio Fabregat. En un principio, en la zona se fijó que se alzaría una zona verde, pero ahora el equipo de gobierno pretende contrastar la opinión de los vecinos y otras entidades (se ha preguntado ya a la Autoridad Portuaria y a la asociación de vecinos Unión por la marjaleria, por ejemplo) para incluir sus propuestas en el proyecto.

Y es que la adecuación de esta zona es una vieja reivindicación vecinal, dado que el solar presenta un mal aspecto que se acentúa tras episodios de lluvias, cuando se vuelve impracticable. Es por ello que los vecinos de la zona arrastran muchos años de reivindicaciones para su adecuación.

Lo cierto es que estaba previsto que fuera la empresa Jardines de Castalia, que comenzó la construcción de un edificio en una zona cercana (junto a la rotonda del camino Serradal y la avenida Harley Davidson) la que adecuara la zona (se preveía su urbanización como contraprestación por la obra) pero el concurso de acreedores de la compañía impidió que esto se llevase a cabo.

Ahora, tras varios años, el consistorio ha decidido retomar el proyecto, convirtiéndose en el agente urbanizador del mismo. El concejal de Ordenación del Territorio y teniente de alcaldía del Grao, Rafa Simó, confirma que esta es la voluntad del consistorio y que en el solar puede haber espacio para una zona verde, un párking e incluso otras propuestas vecinales, como zonas de juego.

«Queremos que la gente diga lo que prefiere y eso retrasará la decisión», señala Simó a este respecto. Esta es una de las razones por las que, a pesar de que el proceso participativo está previsto que finalice el próximo mes de abril, no se marca una fecha para adecuar este solar, el 81-UE-R, para el cual los presupuestos prevén 100.000 euros para este año.

Tras conocer la opinión de los vecinos, se deberá redactar el proyecto y después comenzar las obras, que Simó se marca como límite concluir «antes de acabar la legislatura». Dado que la tramitación administrativa será larga, se prevé que haya propuestas vecinales que se puedan ir sumando a lo largo de la misma.