Las entidades locales de la provincia adeudan al menos 4,57 millones de euros en facturas impagadas que no estaban incluidas en los presupuestos del 2014 (las comúnmente llamadas facturas en los cajones). Prácticamente la totalidad del montante corresponde a los ayuntamientos, mientras que a la Diputación tan solo le comprenden 126.722 euros.
Son las cifras que se desprenden del Informe de fiscalización de las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de las entidades locales correspondiente al año pasado que ha elaborado la Sindicatura de Comptes y que ayer presentó a Les Corts Valencianes.
De todas formas, el montante de las facturas impagadas (que es apenas el 4% del total de la Comunitat, que adeuda 113,45 millones) puede ser más elevado, tanto en el caso castellonense como en el autonómico. Y es que el informe de la Sindicatura recoge la información que voluntariamente le han querido hacer llegar las entidades locales. De hecho, hay muchas que no aparecen en el documento, a pesar de que tan solo algunas de las más pequeñas de la provincia aseguran no tener obligaciones de pago pendientes.
Según los documentos aportados, Benicarló es el municipio castellonense que más facturas que no estaban incluidas en el presupuesto no ha abonado, con 1,18 millones de euros. Tras él se sitúa la Vall d’Uixó (con 953.888 euros) y Vila-real (con 862.563). Por su parte, desde la capital de la provincia reconocieron tener 750.895 euros en facturas del año pasado que no han abonado.
La mayoría de las obligaciones impagadas reconocidas corresponden al mismo año al que se refiere el informe, el 2014, mientras los consistorios reconocen muy pocas de años anteriores. H
