l pleno de Les Corts aprobó ayer la nueva ley de Plurilingüismo en la educación valenciana, cuya implantación permitirá que a partir del próximo curso y de forma progresiva, en los centros se den un mínimo del 25% de horas lectivas en castellano y valenciano, y entre un 15% y un 25% de las mismas en inglés.
La norma salió adelante con el apoyo de los tres partidos que apoyan al Consell y el de los diputados no adscritos que antes pertenecían a Ciudadanos. Por su parte, PP y Ciudadanos se opusieron al entender que «impone» el valenciano y coarta la libertad de elección de los padres.
El conseller de Educación, Vicent Marzà, se mostró especialmente satisfecho por la aprobación del proyecto, ya que a su juicio que los niños tengan «la oportunidad de aprender más lenguas siempre es una buena noticia». Así lo manifestó en los pasillos de Les Corts, para añadir que le ley está pensada para «superar viejos paradigmas centrados en la confrontación», donde a su juicio «siguen algunos grupos».
Marzà se refería de esta forma al debate que se había producido minutos antes en la cámara, donde la portavoz del PP, Beatriz Gascó, había llegado a afirmar que la norma de «adoctrinamiento catalanista» suponía un «procés valenciano». El conseller respondía a estas palabras diciendo que se había buscado el consenso, pero que la oposición no había aportado «propuestas de consistencia pedagógica» porque «no tienen un interés real en que los niños tengan más oportunidades para aprender lenguas».
DECIDE EL CONSEJO ESCOLAR
En este sentido, y sobre la propuesta formulada por el PP para que se realice una consulta ciudadana sobre esta ley, Marzà dijo que eso «lo prohíbe la ley estatal de Educación del PP». «Esa norma dice que es la dirección del centro la que determina el proyecto lingüístico, es decir, que limita la participación de las familias. Nosotros lo que hacemos es abrir la propuesta, que la dirección del centro proponga y que el consejo escolar haga la consulta a la comunidad educativa», añadió.
La popular Gascó había sido muy crítica con el Consell, al aseverar que «a la tercera esta ley del engaño lingüístico tampoco va a acertar», en referencia a que la misma sustituye al decreto de plurilingüismo que derogó en julio del 2017 el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat. La diputada del PP añadió que el proyecto se ha hecho «de espaldas» a la sociedad, «margina» el castellano, es «sectaria» y pretende trasladar a los niños «ideas nacionalistas, sesgadas y falseadas».
RESPUESTA
Estas afirmaciones encontraron respuesta en los partidos que defienden la política lingüística del conseller Marzà. La diputada socialista, Ana Besalduch, aseguró que las «nefastas» políticas de los gobiernos anteriores llevaron a que, al acabar la etapa educativa, solo el 30% de estudiantes dominen el valenciano y el 6% el inglés, lo que hace necesaria esta ley. Por Compromís, Josep Nadal acusó al PP de «fomentar el guerracivilismo para tapar sus vergüenzas».
César Jiménez (Podem) afirmó que es un objetivo «irrenunciable» que los estudiantes sean competentes en tres lenguas, y Mercedes Ventura (Ciudadanos) dijo que la norma no busca el plurilingüismo «efectivo» y camina «hacia una ideología nacionalista».
