La comisión de Sanidad de Les Corts aprobó ayer, con el voto favorable de todos los grupos, incluido el PP, una iniciativa promovida por Compromís para que el exgerente del Hospital Provincial de Castellón, Miguel Llorens, comparezca ante este órgano de la Cámara para dar explicaciones sobre las presuntas irregularidades denunciadas ante fiscalía durante su gestión al frente del centro. La diputada Mònica Álvaro, quien promovió esta votación, señaló la necesidad de escuchar a quien conocía «lo que allí pasaba y qué órganos de control y fiscalización» había en este hospital, que, a su juicio, «debían haber hecho saltar las alarmas» sobre lo que allí pasaba, en relación al informe emitido por el Síndic de Comptes, que aludía a la carencia de mecanismos de control jurídico y económico en el centro.

El representante socialista en la comisión de Sanidad, Ignacio Subías, por su parte, recordó los 33 millones en facturas presuntamente irregulares detectadas, contratos sin control, gastos sin informes, desviaciones y modificaciones de contratos.

La popular Remedios Yáñez, señaló, por su parte, que su grupo no tenía «inconveniente» de aprobar esta comparecencia con el fin de que «se aclaren las dudas sobre su gestión» y, de paso, «resolver incógnitas», según explicó ayer a Efe tras la votación.

109 CONTRATOS RENOVADOS // La petición de la comparecencia de Miguel Llorens, que tiene la potestad de no acudir a la llamada de Les Corts al tener carácter voluntario, coincide con una nueva renovación de los 109 contratos laborales en fraude de ley que «escaparon» de la criba realizada el pasado mes de noviembre, con la salida de 17 empleados. Estos puestos, cuya anomalía estriba en que tienen carácter estructural y, pese a ello, son temporales, han visto renovada su permanencia hasta el próximo 30 de abril.

DENUNCIA DE CCOO // Finalmente, la sección de CCOO en el Provincial denunció ayer que el plan de recursos humanos realizado por catedráticos de la UJI, que fue determinante para la baja de 19 trabajadores el pasado noviembre y de la que se desvinculó la propia universidad, se ciñó a una «interpretación libre de lo establecido en el pliego de condiciones» que regulaba el contrato del servicio. Para la central sindical, el informe, que costó 17.000 euros, no cumplía con los requisitos básicos del encargo y se realizó con criterios de «parcialidad».