Las defensas de los castellonenses Ricardo Costa, exsecretario general del PPCV; y Vicente Rambla, expresidente del Consell, pidieron ayer, al igual que el resto de la cúpula del PP de Francisco Camps, la absolución de los delitos relacionados con la presunta financiación ilegal del Partido Popular de la Comunitat de los que se les acusa por entender que estos han prescrito. Durante la primera jornada de la vista oral de las piezas valencianas del Gürtel que se sigue en la Audiencia Nacional la fiscala Miriam Segura retiró a Rambla uno de los delitos que le atribuía, el electoral correspondiente a las municipales del 2007, y rebajó su petición de pena algo más de un año, al pasar a solicitar seis años y seis meses.
El abogado de Costa pidió por otra parte que este quede eximido en el juicio porque el beneficiario de la supuesta financiación irregular de las campañas electorales de 2007 y 2008 sería el partido y no él, por lo que entiende que no hay delito.
Segura anunció, en este primer día del juicio, dedicado a los preliminares, es decir, las exposiciones de defensas y acusaciones, que rebajará su petición de pena para el presunto líder de la trama, Francisco Correa, si continúa colaborando con la justicia.
Durante las cuestiones previas del juicio, la fiscala Anticorrupción indicó que será en el momento de sus conclusiones definitivas cuando contemple una posible reducción de pena para Correa, para quien de momento pide 24 años y medio de cárcel.
la colaboración // En esta línea de colaboración, Correa --en prisión por el caso Fitur-- remitió hace unos días un escrito al Juzgado Central de lo Penal en el que confesó que el PP de la Comunitat Valenciana pagó en B a la trama Gürtel, en concreto a la empresa Orange Market, trabajos en campañas electorales o mediante facturas ficticias a empresarios por trabajos no realizados.
También mostró la fiscala la intención de rebajar su petición de pena para nueve empresarios (para los que pide entre 4 y 6 años de cárcel) que el pasado mes de febrero y a cambio de eludir la prisión, suscribieron un documento en el que reconocían haber financiado al PP valenciano durante las campañas electorales.
Entre ellos, están gestores de las empresas castellonenses, Facsa, Lubasa Desarrollos Inmobiliarios y Piaf, así como de Padelsa, el grupo Enrique Ortíz y el sobrino del expresidente de Les Corts Juan Cotino, Vicente Cotino.
Sobre lo dicho por la fiscala, las defensas de los empresarios reclamaron que esta no solo rebaje la petición de pena a menos de dos años para que no ingresen en prisión sino que la sustituya por multas, que ya han tenido que pagar para cumplir el citado acuerdo con la Fiscalía. La Abogacía del Estado y la acusación ejercida por el PSOE se adhieron a lo manifestado por Segura.
ESTRATEGIA // Los abogados de Vicente Rambla, Ricardo Costa --absuelto junto a Camps en la causa de los trajes--, el alto cargo del PPCV David Serra y la exgerente del partido Cristina Ibáñez, que se enfrentan a más de siete años de prisión (salvo Rambla por el cambio de la fiscala), decidieron la misma estrategia de solicitar prescripción de delitos y absolución. Por su parte, Juan Casanova, letrado de Ricardo Costa, pidió el sobreseimiento para su representado al estimar que son nulos los escritos de Fiscalía y PSPV-PSOE por no concretar los hechos que le atribuyen.
«actor secundario» // Casanova abundó en que el beneficiario del supuesto delito electoral sería el Partido Popular, que no está llamado a este juicio ni como partícipe a título lucrativo y sin embargo se juzga a Costa, que es un «actor secundario», subrayó.
Por su parte, Miguel Durán, abogado de otro protagonista de la trama, Pablo Crespo, también pidió la nulidad de las intervenciones de las comunicaciones entre acusados, y Javier Vasallo, letrado de Álvaro Pérez, se adhirió al anterior y alegó la prescripción de los delitos atribuidos.
