La sostenibilidad del sistema público de pensiones será, sin duda, uno de los ingredientes clave del debate electoral hasta el 26 de junio. Ya lo fue en la campaña de diciembre y todo apunta a que ahora volverá a suceder lo mismo. Porque el panorama en España no es nada halagüeño. Y en Castellón tampoco. La provincia envejece (la población de más de 65 años tiene cada vez más peso y la natalidad sigue bajo mínimos) y pagar las pensiones de quienes llegan a la edad de jubilación se hace cada vez más cuesta arriba. Las cotizaciones de los trabajadores ya no son suficientes: el paro, primero, y el deterioro del mercado laboral, después, han provocado que las aportaciones de trabajadores y empresarios se reduzcan a la mínima expresión hasta el punto de que con ese dinero es imposible costear la totalidad de las pensiones. Es lo que se conoce como el déficit de la Seguridad Social, un agujero que no ha parado de crecer.

En el 2015, la Seguridad Social ingresó en Castellón en concepto de cotizaciones sociales (el porcentaje de los salarios que se entrega al sistema y que sirve para pagar las pensiones) 873,9 millones de euros, la cifra más baja desde el inicio de la crisis. En cambio, el Estado gastó 1.280,3 millones en abonar la paga a los pensionistas de la provincia. O dicho de una manera mucho más clara: las cotizaciones sociales apenas cubren el 68% de las pensiones.

Esos 1.280 millones de euros sirvieron para abonar la paga mensual a las 126.617 personas que en la provincia reciben una pensión contributiva. La mayoría (80.067 son jubilados, según los últimos datos del Ministerio de Empleo) y abonarles la pensión cuesta 906,4 millones al año.

Los números rojos que envuelven a la Seguridad Social no son exclusivos de Castellón. Al contrario, en el conjunto del país la tendencia es la misma y en España las cotizaciones sociales ascendieron a 100.492,92 millones de euros, mientras que el desembolso en pensiones superó los 108.225,44 millones, según la estadística del Ministerio. Y con estos números las opciones son muy limitadas: la Autoridad Fiscal Independiente ya ha advertido que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la llamada hucha de las pensiones) se vaciará dentro de poco en 2018.

OBJETIVO, CREAR EMPLEO // Para muchos expertos la solución al problema pasa por la creación de empleo. Otros, en cambio, creen que el mero hecho de que haya más personas trabajando no es suficiente. Y citan un ejemplo. En el 2015, el número de afiliados a la Seguridad Social aumentó en 7.139 personas en la provincia. Sin embargo, los ingresos del Estado vía cotizaciones se redujeron un 18%, desde los 1.037,9 millones de euros del 2014 a los 873,9 del año pasado. ¿Cómo se explica todo eso? Por el descenso de las bases de cotización como consecuencia del peso cada vez más alto del empleo temporal.

Tantos años de déficit creciente ha abierto de nuevo el debate político sobre el futuro de las pensiones. El PSOE ha sido el primero y ha puesto sobre la mesa su propuesta: crear un nuevo impuesto para financiar las pensiones. Sindicatos como UGT también lo apoyan al entender que el empleo por sí solo no podrá equilibrar las cuentas. Podemos tampoco lo ve con malos ojos. El PP y Ciudadanos, en cambio, lo rechazan y apuestan por mejorar la ratio de cotizantes por jubilado para incrementar los ingresos de la Seguridad Social. H