Castelló en Moviment condiciona su apoyo a las inversiones financieramente sostenibles, que ascienden a 5,1 millones de euros y se llevarán al próximo pleno, a entrar a formar parte del Consejo Municipal de Inspección Fiscal. Las valoran de forma positiva, pero quieren dar un paso más.
Tres de los cuatro concejales de la agrupación (Anna Peñalver, Xavi del Señor e Iñaki Vallejo) explicaron ayer que toman esta medida (de presión al bipartito) porque «hace falta una apuesta valiente y decidida del Ayuntamiento de Castellón». Ante la ley Montoro, que «limita la administración pública, y eso es inaceptable», instando a «desafiarla», como en Madrid. Y en la inspección fiscal. «Se ha iniciado con los vados y la ocupación de vía pública. Es importante poner control, pero sin focalizarlo en los pequeños defraudadores, sino en los grandes», dijo Peñalver. Y Vallejo matizó: «Hay que activar un plan sobre grandes inmuebles y concesiones que no están dados de alta en el catastro y no pagan IBI». Y es que consideran que el gobierno no ha tenido un verdadero interés en perseguir la corrupción y tan solo ha realizado una política «de espectáculo, cara a la galería, sin entrar en el fondo», como harían ellos, dijo Del Señor. «El Pacte del Grau preveía grandes cambios, pero el único intento de fiscalizar la anterior gestión ha sido la comisión de fiestas». Para los presupuestos se prevé «un escenario de negociación».
