El Defensor del Pueblo recuerda, en su informe del 2016 presentado ayer, la recomendación hecha a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para reforzar los medios para poder atender las renovaciones de la renta garantizada de ciudadanía, ya que en el caso de Castellón el plazo de resolución es de un año. Aunque el órgano detecta una mejora, todavía los plazos de tramitación no son aceptables.
El número total de quejas realizadas ante la oficina que dirige Soledad Becerril por parte de los castellonenses fue de 192 a lo largo del pasado año, lo que representa un descenso superior al 27% con respecto a los datos registrados en el ejercicio anterior, que fue de 266. Pese a ello, el descenso en Castellón fue algo menos pronunciado que el que se dio en el conjunto de la Comunitat Valenciana. En cuanto a recursos al Constitucional, en Castellón se dieron tres a lo largo de 2016.
