La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, recomienda a la Generalitat suavizar el copago como tasa. Así se desprende de las recomendaciones que divulgó ayer la institución y que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) calificó de un nuevo varapalo a la política de la Conselleria de Bienestar Social, aunque desde el departamento que dirige Asunción Sánchez Zaplana aseguran que estas recomendaciones están ya contempladas en la regulación del copago como tasa.

La Defensora del Pueblo ha formulado varias recomendaciones a la Conselleria de Bienestar Social “para evitar que el copago en los servicios sociales genere situaciones gravosas a los usuarios de servicios de atención social y a los miembros de su familia”.

La institución recuerda que “en muchos casos la unidad familiar depende de los ingresos de los usuarios de los servicios sociales, con los que se cubren las necesidades básicas, como son vivienda, luz o agua. El pago de una tasa puede afectar a la situación económica de toda una familia”.

Por ello, sugiere hacer una mención en la norma y excluir del pago de la misma a las personas que no cuenten con ingresos suficientes. También ha aconsejado reducirla en los casos de contribuyentes con cónyuges o pareja de hecho cuando el no usuario tenga ingresos inferiores al indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem). Además, insta a que las ayudas, subvenciones, prestaciones, pensiones, entre otros, que perciban los restantes miembros de la unidad familiar por situación de discapacidad o dependencia no se tengan en cuenta a la hora de la determinación de la renta familiar.

REACCIONES // El Cermi considera que esto es una “nueva desautorización” y un “nuevo revés” a la Generalitat. A su juicio, “la Defensora del Pueblo ve deficiencias y defectos” en una tasa que el Cermi califica de “injusta porque lesiona los derechos de las personas con discapacidad”.

Por contra, desde Bienestar Social consideran que “la Generalitat ya excluye de realizar cualquier aportación a usuarios de centros ocupacionales y de día con renta individual inferior al Iprem (532 euros/mes).

Las mismas fuentes, aseguran: “Tal y como recomienda la Defensora del Pueblo, solo se tiene en cuenta para el cálculo de las aportaciones la renta individual del usuario; en ningún caso la renta familiar ni el patrimonio”.

Asimismo, indican, la ley de tasas que entró en vigor en el mes de enero incorpora entre otras mejoras una deducción de 2.000 euros para los usuarios con cónyuge o pareja de hecho. H