Familiares de usuarios de la residencia pública de discapacitados intelectuales Vall d’Umbrí de Borriol denuncian que han recibido amenazas del centro por no querer hacer frente ya al copago fijado por la Conselleria de Bienestar Social. “El martes, que es el día de visita de los familiares, uno a uno nos entraron en el despacho de dirección y nos pidieron un número de cuenta para cobrar el copago, la mayoría nos negamos porque hemos recurrido la resolución y nos dijeron que nos atuviéramos a las consecuencias, que se irían a la calle”, lamentó uno de los familiares, tutor de un usuario del centro.

Esta residencia, que el pasado año celebró su 25 aniversario, es de titularidad pública, por lo que hasta ahora los residentes, todos ellos con discapacidades severas, no pagaban nada por el servicio. “Entendemos que aporten una cantidad, pero no el dinero que les piden porque es una barbaridad”, criticó este familiar, que ha recurrido la resolución de copago. Y es que la mayoría de los 50 usuarios del centro deben ahora pagar más de 1.300 euros y solo les quedan 126 euros al mes para sus gastos personales, como son los medicamentos.

“Me he indignado mucho con las amenazas que nos han hecho. Si tienen valor que lo echen a la calle porque no hay derecho, no tienen vergüenza”, aseguró.

MÁS AFECTADOS // Este caso pone de manifiesto la parte más polémica del nuevo copago, que afecta de forma más grave a los usuarios de residencias y viviendas tuteladas, ya que les deja casi sin recursos. Es este punto uno de los que ahora están negociando la plataforma que representa a los discapacitados, el Cermi, y la Conselleria de Bienestar Social.

La consellera Asunción Sánchez Zaplana ha dado marcha atrás en sus pretensiones iniciales y ahora sí se plantea negociar el denominado “dinero de bolsillo”, que es lo que les queda a los discapacitados tras abonar el copago. El Cermi pondrá encima de la mesa, como propuesta inicial, que la cantidad que les queda a los dependientes, tras abonar la nueva tasa, sea equivalente al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que ronda los 500 euros.

Y es que los discapacitados que cobran pensiones por debajo del IPREM, que son aquellos que tienen cierta autonomía, están exentos del copago, mientras que a aquellos que tienen minusvalías más severas se les aplican cantidades elevadas que les dejan con escasos ingresos. La provincia de Castellón dispone de una red asistencial para discapacitados de 48 centros y 1.442 plazas, el 86% de ellas financiadas hasta el año pasado por la Generalitat. H