Colectivos de discapacitados de Castellón denuncian que la Conselleria de Bienestar Social realiza valoraciones de minusvalía a la baja para conceder menos ayudas. Y es que, según el grado reconocido, se tiene derecho a unas u otras prestaciones, siendo el 33% el grado mínimo exigido para ser beneficiario, aunque solo los que tienen más de un 65% tienen mayores garantías de ayuda. “Desde que se ha agravado la situación económica estas valoraciones se realizan de un modo mucho más estricto e irracional”, señaló Miguel Benages, presidente de Cermi Castellón, plataforma que aglutina a 12 colectivos de discapacitados de la provincia de Castellón.

Estas valoraciones a la baja preocupan y mucho a los discapacitados, teniendo en cuenta que en el nuevo modelo de financiación, que prevé poner en marcha Bienestar Social, se otorgarán subvenciones a los colectivos de acuerdo al grado de discapacidad de cada usuario y no por los servicios que presta (centro de día, residencia, centro ocupacional, atención), como sucede ahora. Ante esto, los colectivos presentaron el pasado jueves a la Conselleria una propuesta alternativa para que las ayudas se concedan según los servicios que preste cada centro y el número de usuarios que tiene.

El plazo para negociar el nuevo modelo concluye en abril. Mientras ambas partes intercambian pareceres, el presidente de Cermi advierte de que si el departamento de Asunción Sánchez Zaplana opta por este nuevo sistema habrá “un aluvión” de revisiones del grado de discapacidad, dado que muchos minusválidos, que actualmente reciben prestaciones, dejarían de percibirlas. El plazo medio para lograr un certificado de minusvalía es de 16 meses. Actualmente, hay en Castellón unos 60.000 discapacitados. H